El protocolo de Interior rechaza el uso de grilletes en los traslados y prevé el uso de cinta adhesiva y mordazas en casos extraordinarios El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha negado que vayan a utilizarse grilletes metálicos o camisas de fuerza en las repatriaciones. Así lo aseguró en respuesta parlamentaria a una cuestión planteada por Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds (IU – ICV) sobre el procedimiento para los traslados, por vía marítima y aérea, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión.

En su respuesta parlamentaria a Joan Herrera, portavoz de IU – ICV, el Gobierno señala que el Ministerio del Interior elaboró un protocolo de actuación para esos traslados tras el caso del nigeriano Aikpitanhi, que falleció amordazado al resistirse a la expulsión en un vuelo que le devolvía a su país escoltado por tres policías.

Las preguntas de este grupo parlamentario aludían a la información de organizaciones como Amnistía Internacional, que señalan que el procedimiento prevé medidas de inmovilización y que se hizo sin tener en cuenta las recomendaciones del comisario europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Europa, Franco Frattini, para «prohibir el uso de cintas adhesivas, mordazas o cojines».

Según la respuesta del Gobierno, el protocolo contempla esa prohibición genérica, salvo que «el responsable de la operación de expulsión considere, motivadamente, a la vista de circunstancias concretas en cada fase de la misma, que su uso resulta imprescindible para garantizar la seguridad de los repatriados y de los escoltas».

En este sentido, puntualiza que las prendas inmovilizadoras homologadas son un simple kit de cinturones o arneses para sujetar los miembros superiores y/o inferiores de los repatriados que se resistan, se muestren especialmente violenta o pretendan autolesionarse.

Se trata de una medida que restringe parcialmente sus movimientos, explica, «sin que se perjudique, en ningún caso, su integridad física, ni pueda provocar asfixia postural», informa Efe.

El Gobierno asegura que las disposiciones del protocolo «respetan la totalidad» de las recomendaciones del comisario Frattini y recuerda que los funcionarios están sujetos a control reglamentario, a su régimen disciplinario y a la autoridad judicial, además de tener obligación de informar a sus superiores sobre cualquier incidencia en la repatriación.