La sociedad española debate ahora cómo responder al desplazamiento de personas del sur pobre hacia el norte opulento. Hace cincuenta años el debate era otro. Cerca de cinco millones de personas cambiaron de residencia en España entre 1950 y 1970, trasladándose del campo a la ciudad. En septiembre de 1957 – ahora se cumple medio siglo- el régimen franquista trataba de administrar esta gran ola de migrantes interiores. El Congreso aprobó la ley de Urgencia Social, inicialmente aplicada a Madrid y que, posteriormente, se extendería también a Barcelona, Bilbao y Valencia. La ley abrigaba dos propósitos: poner orden al crecimiento y contener la llegada de nuevos habitantes a las ciudades españolas. En torno a Madrid, en el lugar en que los planificadores franquistas dibujaron un anillo verde, se arracimaban los barrios de autoconstrucción. En proporciones casi idénticas, otro tanto ocurría en Barcelona. Ninguna de aquellas medidas logró evitar el masivo desplazamiento.