JAUME V. AROCA – Madrid

La subcomisión de Inmigración concluyó un año de debates sin poder acordar unas conclusiones
Tras más de un año de deliberaciones de la subcomisión del Congreso, ante la que han comparecido más de cuarenta expertos, el gran acuerdo de Estado sobre la inmigración ha acabado naufragando en las agitadas aguas de la precampaña para las elecciones generales.

La subcomisión, promovida por la vicepresidenta del Gobierno en el 2006, cuando la ola de pateras llegadas a las costas sacudía a la opinión pública española, terminó la semana pasada sus deliberaciones incapaz de alcanzar unas conclusiones. A estas alturas del calendario político, a las puertas de unas elecciones, los grupos parlamentarios, particularmente PSOE y PP, descartaron un acuerdo en esta materia.

La inmigración figura invariablemente en los primeros puestos de las listas de problemas que perciben los ciudadanos en los sondeos de la opinión pública. En España residen actualmente 3,7 millones de ciudadanos de otras nacionalidades. La parte más importante de esta nueva población ha llegado a España en el plazo de los últimos diez años.

La desavenencia entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, fue decisiva en la improductiva resolución de la subcomisión. Los socialistas propusieron reabrir el debate sobre el voto de los inmigrantes, al menos en las elecciones locales. El documento que el grupo del Gobierno remitió al resto de las formaciones sugería estudiar una reforma pactada de la ley electoral e incluso, si fuera preciso, de la Constitución para hacerlo posible.

Muchos alcaldes, incluidos algunos dirigentes del Partido Popular, son firmes partidarios de ampliar los derechos políticos de los inmigrantes. Sin ir más lejos, Esperanza Aguirre en la precampaña de las autonómicas del 2006 reclamó al Gobierno medidas para hacer posible la participación de algunas nacionalidades. Sin embargo, el PP, en la comisión se pronunció en contra de la propuesta socialista que, sin embargo, contó con el apoyo de IU-ICV y ERC, entre otros.

En sus conclusiones, los populares, por su parte, proponían la prohibición, por ley, de las regularizaciones masivas de inmigrantes. En este punto fueron los socialistas quienes consideraron inviable un acuerdo.

Los grupos minoritarios, particularmente los nacionalistas, defendieron en sus conclusiones el reconocimiento de las atribuciones de las comunidades autónomas en materia de inmigración.

Sin acuerdo previo, la inmigración se sumará, sin duda, a la pugna electoral entre partidos.