El mismo día que en nuestras páginas calificábamos este mes como «diciembre negro» para Madrid, por el gran número de atracos y asesinatos que se han registrado en sus calles, una banda asaltaba brutalmente la casa del empresario teatral José Luis Moreno, que fue torturado para obligarle a facilitar la combinación de sus cajas fuertes. En las últimas tres semanas ha habido seis muertes violentas en Madrid – prácticamente una cada tres días – , se ha reventado un furgón blindado, se ha atracado un gran almacén a plena luz del día lanzando un vehículo contra una de las puertas del establecimiento…

Aunque somos conscientes de los riesgos que entraña señalar a los delincuentes por su origen, tan erróneo sería asociar los conceptos de inmigración y delincuencia como no atender a las estadísticas para conocer el problema al que nos enfrentamos y saber cómo hacerle frente. Y sería de necios ocultar que el 61% de las personas que el último año pasaron a disposición judicial por la comisión de un delito en la Comunidad de Madrid eran extranjeras. Los asaltantes de la casa de Moreno no han sido capturados, pero sí identificados como albano – kosovares. Actuaron con un sadismo atroz y siguieron golpeándole incluso cuando ya habían obtenido el botín.

La incapacidad del Estado para mantener la seguridad ciudadana y para controlar la inmigración ilegal está creando un caldo de cultivo peligroso en España. El fiscal jefe de Madrid ya ha alertado de los riesgos de la entrada incontrolada de extranjeros y ha asegurado que, por su situación y las dificultades para integrarse, muchos inmigrantes irregulares se ven abocados a delinquir para sobrevivir. Dado que el problema está produciéndose en un momento en el que la economía española sigue creciendo, el Gobierno debería contemplar medidas para amortiguar los efectos que podría tener para la seguridad el cambio de ciclo que ya anuncian los principales indicadores. Produce gran desasosiego sólo pensar qué futuro puede haber para los miles de trabajadores inmigrantes – sin arraigo ni entorno familiar que les proteja – que el frenazo en la construcción dejará en los próximos meses en la calle.

Aún no se cumple año y medio de la reforma del Código Penal con la que el Gobierno pretendía disminuir los delitos de bandas organizadas, como la que ayer entró en el chalé de José Luis Moreno. Se han reducido los beneficios penitenciarios para las personas condenadas por este tipo de delincuencia y se han puesto más restricciones para que accedan a la libertad condicional. Pero 18 meses es poco tiempo para hacer una valoración de la reforma. Sí cabe solicitar, en cambio, que se aumente el control sobre la inmigración clandestina, que se amplíen las plantillas de las Fuerzas de Seguridad y que se las dote de la preparación y los medios para que hagan con eficacia su labor. Hay que combatir un nuevo tipo de delincuencia que, como ayer en Madrid – pero también en otros puntos del país – , utiliza armas y tácticas militares y ejerce una violencia extrema.