VERÓNICA BECERRIL

SERVICIO ESPECIAL

ROMA. El racismo que podría suscitar la nueva Ley de Seguridad llevó al presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, a dar su «no» al texto, lo que provocó que el Gobierno

tuviera que plantearse la modificación de algunos artículos «conflictivos» para poder presentar el nuevo documento el próximo 28 de diciembre, antes de que caduque el actual decreto. El 28 de diciembre es la fecha también del último consejo de Ministros del año.

Ante la reacción de Napolitano, quien ratifica los documentos en último lugar, el presidente del Consejo de Ministros, Romano Prodi, expresó su convicción de encontrar una solución al tema de la seguridad. «El Gobierno quiere garantizar la continuidad en relación a la expulsión – aseguraron ayer fuentes del Ministerio de Interior – . Hasta hoy, hemos ofrecido toda nuestra responsabilidad al respecto, y lo seguiremos haciendo».

El «sí» en caliente del Senado

La verdad es que este argumento le ha dado bastantes dolores de cabeza a Prodi, desde que el pasado mes de noviembre el Senado aprobara la medida que consentía expulsar a los ciudadanos considerados peligrosos para el país, norma presente en el texto del Gobierno rechazado por el cargo más alto institucionalmente.

En aquella ocasión la medida se aprobó en el Senado al estar los ánimos muy caldeados tras el asesinato de una mujer a manos de un rumano sin papeles. Ante la alarma suscitada, muchos fueron los ciudadanos que abandonaron Italia hacia otras metas más «seguras», como España, mientras otros fueron expulsados directamente del país.

Ahora, algunos de estos gitanos rumanos expulsados podrían volver a pisar suelo italiano de no salir adelante la Ley de Seguridad.

El tema sigue siendo urgente, pero no se llega a crear un texto que contente a todos los sectores. «Hay que elaborar un decreto nuevo – dijo ayer el ministro para las relaciones con el Parlamento, Vannino Chiti – que salvaguarde la continuidad de las normas pero que contenga novedades». Fácil decirlo, pero de difícil aplicación en el ambiente político italiano, donde casi nunca logran ponerse de acuerdo.

El anuncio de un nuevo decreto ley fue duramente criticado por los partidos de la oposición. «El Gobierno debería dimitir por vergüenza», llegó a señalar el vicecoordinador del partido Forza Italia, Fabrizio Cicchitto. A él le siguió el secretario de Democrazia Cristiana, Gianfranco Rotondi, quien fue más duro. «Sobre seguridad el Gobierno ha vuelto a dar la prueba de que ha perdido la orientación y que se trata de una banda de música donde cada uno toca lo que le parece».

Por su parte los partidos cercanos al Gobierno, como el Partido Democrático de Walter Veltroni, ofrecieron su total disponibilidad para trabajar en la creación de un texto que no contenga ninguna medida cuya aplicación podría conllevar un acto de racismo.