El Gobierno de Romano Prodi retiró ayer un discutido decreto ley sobre la expulsión de ciudadanos especialmente “peligrosos” procedentes de la Unión Europea, conocido como una norma antirrumanos. El decreto fue presentado el pasado 31 de octubre, inmediatamente después del asesinato de una mujer italiana a manos de un ciudadano de aquel país.
El texto contenía un error jurídico e iba acompañado de una norma contra la discriminación racial, religiosa y sexual que habría favorecido el matrimonio entre homosexuales, a lo que se oponen los católicos de la coalición progresista. De acuerdo con la Constitución, el decreto debía ser transformado en ley antes del 31 de este mes. Pero el Gobierno de Prodi lo dejará caducar, porque la presidencia de la República le comunicó que no podía promulgar un decreto que aplicaba en Italia el Tratado de Amsterdam citando artículos equivocados del mismo.
Vannino Chiti, ministro de Relaciones con el Parlamento, informó de que antes de fin de año, para que las normas sigan en vigor, el Ejecutivo volverá a presentar otro decreto, que corregirá el error. Así se podrá impedir la vuelta a Italia de los aproximadamente 200 rumanos expulsados desde octubre. “En materia de seguridad permanecen las exigencias de necesidad y urgencia”, justificó el ministro.
En cambio, la norma sobre discriminación se incluyó en una propuesta de ley que se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso. “La seguridad es seguridad, la homofobia es importante, pero se trata de otra cosa”, añadió Chiti. Una aplicación estricta del Tratado de Amsterdam hubiera forzado la aprobación de las bodas entre homosexuales, precisamente para no discriminar.