El presidente de la República, Giorgio Napolitano, se negó a ratificarlo por unos errores en su texto El Gobierno de Romano Prodi ha vuelto a hacer un papelón.Esta vez a costa del polémico decreto sobre seguridad, aprobado con carácter de urgencia por el Consejo de ministros italiano el 1 de noviembre y que permitía a los jefes de la policía aplicar la expulsión preventiva del país transalpino de aquellos inmigrantes comunitarios considerados como un peligro social.

En nombre de ese controvertido decreto, que según sus muchos críticos habría sido creado ad hoc contra los rumanos, ya han sido expulsadas de Italia 408 personas, 124 de ellas por motivos de seguridad pública. Sin embargo, y para convertirse definitivamente en ley, el texto debía de ser ratificado por las dos cámaras del Parlamento y refrendado por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, antes del 31 de diciembre, fecha de su vencimiento.Y eso ya está claro que no va ha suceder.

El Ejecutivo italiano anunció ayer por boca de Vannino Chiti, el ministro de Relaciones con el Parlamento, la decisión del Gobierno de renunciar a convertir en ley el decreto de la discordia.Todo después de que, hace unos días, el presidente Napolitano hiciera saber que no pensaba estampar su firma en el texto – necesaria para convertirlo en ley – , ya que contenía equivocaciones inadmisibles.La más abultada: una erradísima alusión al Tratado de Amsterdam en lugar de al tratado fundacional de la Comunidad Europea.

En realidad, esa clamorosa metedura de pata no figuraba en la redacción original del decreto realizada por el Gobierno. Fue incluida a posteriori, cuando el texto pasó al Senado y fue aprobado con una enmienda que establecía penas de tres a cinco años de cárcel a quien cometa o incite a cometer actos de discriminación por motivos de orientación sexual como los que se recogen (y aquí viene el error) en el artículo 13, párrafo 1, del Tratado de Amsterdam. Un imperdonable desliz que Napolitano se negaba a rubricar.

El Gobierno podía haber tratado de corregir el error y volver a someter a votación el decreto. Sin embargo, no había tiempo material, con la Navidad de por medio y el 31 de diciembre como fecha máxima. El problema es que si el decreto no se convierte en ley, las 408 expulsiones que se han llevado a cabo no serían válidas y los afectados podrían regresar tranquilamente a Italia.¿Qué hacer? El Ejecutivo ha optado por dejar morir el actual decreto y aprobar en el consejo de ministros del próximo 28 de diciembre uno nuevo que lo sustituya y que no incluya el famoso error de bulto.

Según el ministro Chiti, el nuevo texto «salvaguardará la continuidad de algunas actuaciones» (léase expulsiones), pero no contendrá «ninguna norma anti – homofobia».

La oposición pidió ayer la dimisión del ministro del Interior Giuliano Amato. En una rueda de prensa conjunta, representantes de Alianza Nacional, Forza Italia y la Liga Norte pedían la renuncia de Amato como un «gesto de dignidad».

Pero, incluso dentro de la coalición de Gobierno, eran muchos los que se felicitaban por la suerte final del polémico decreto, ante el cual la izquierda más radical nunca se había sentido cómoda. «No era un buen decreto, así que mejor si cae», afirmó Gennaro Migliore, de Refundación Comunista.