A partir del primero de enero próximo, entrará en vigor una nueva ley antiinmigrante en el estado de Arizona, Estados Unidos, que pretende dejar sin empleo a 500 mil indocumentados que se estiman trabajan en ese estado actualmente, de los cuales más de 50% son de origen mexicano.La ley House Bill 2779, conocida también como Fair and Legal Employment Act (Decreto de Empleo Legal y Justo), contempla fuertes sanciones a los empleadores que contraten inmigrantes ilegales, que van desde la suspensión temporal del negocio por 10 días hasta la revocación definitiva de la licencia para hacer negocios, cuando reincidan.La ley estipula que las cerca de 150 mil empresas establecidas en Arizona están obligadas a corroborar el estatus migratorio de sus empleados antes de la contratación, en el sistema E – Verify, creado para este fin. De no encontrar al postulante en la base de datos electrónica, podrán presentar una denuncia para que se investigue.Alessandra Soler Meetze, directora Ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU, por sus siglas en ingles), señaló en entrevista con EL UNIVERSAL que E – Verify tiene un alto índice de error, que va de 4 a 7%.Lo anterior fue señalado, asegura, en dos ocasiones por el Congreso estadounidense, con lo cual se demuestra la inefectividad del sistema y, por tanto, la vulnerabilidad de los derechos de trabajadores que se encuentren legalmente, pero la base de datos no reconozca.Agregó que el margen de error se incrementa cuando se trata de migrantes que han adquirido la ciudadanía. Sin embargo, el sistema podría, lejos de disminuir la migración, fomentar un mercado negro de números de seguridad social, ya que, señala Soler Meetze, esa situación ya se presenta: las personas pueden continuar presentando documentos falsos, o pedir prestado un número de seguridad social.Al momento de signar la nueva ley, el 2 de julio de 2007, la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, advirtió que dicha normatividad se creaba ante la incapacidad del gobierno federal para controlar la migración: la inmigración es una responsabilidad federal, pero firmó la HB 2779 porque es abundantemente claro que el Congreso es incapaz de realizar las reformas que el país necesita.Daños a la economíaDe acuerdo con un estudio publicado por el consulado mexicano en Arizona en 2003, con información del Census Bureau de Estados Unidos (Buró de Censos), en 2000, 18% de la fuerza laboral de Arizona eran mexicanos, es decir, 369 mil 296. De ellos, 69% estaban fuera de regla. A pesar de su representación, mexicanos tanto legales como ilegales, sólo percibían 8% del total de las nóminas.Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, señala que la aplicación de la normatividad traerá consigo una gran inestabilidad en el estado, siendo las más afectadas la pequeña y mediana industria: va a dañar la economía de EU en términos generales, hay presiones de ciertos grupos de empresarios que no cuentan con la mano obra suficiente para desarrollar su actividad económica y con este tipo de presiones eminentemente dañará sobre todo a pequeños y medianos empresarios, pero sobre todo a aquellos que dependen mucho más de la fuerza laboral de tipo indocumentada. Dos actividades que pueden salir muy dañadas son la actividad agrícola y de la construcciónLa economía no sólo sufrirá daños por la pérdida de empleados, sino también, en la compra. De acuerdo con el estudio del consulado, tan sólo los migrantes hispanos realizaban compras anuales por 27.6 billones de dólares, es decir, cuenta con 13.4% de poder adquisitivo del estado.Además, al incrementarse los costos de nómina, se elevarían los precios de los productos terminados, como indica el estudio elaborado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca El impacto económico de la Inmigración, fechado el 20 de junio de 2007, que advierte: la presencia de extranjeros sin experiencia en trabajos de construcción permite que trabajadores y contratistas estadounidenses experimentados construyan más casas a menor costo, de otra forma no sería posible.Rubio Salas también opinó que este tipo de legislaciones vulneran los derechos humanos de los migrantes, pues hace pública información de carácter personal: va en contra de los derechos de los trabajadores, muchos de ellos migrantes, porque saldrá información a la luz en términos de los cotejos de números de seguridad social y generará muchos más problemas para acceder a un mercado de trabajo que los sigue necesitando.En los tribunalesAnte la situación organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, así como sectores empresariales, entablaron una demanda en septiembre pasado, a dos meses de la aprobación de su aprobación, para suspender la aplicación de la ley al considerar un perjuicio en contra de las empresas, así como discriminación.La demanda fue presentada por la ACLU, el Fondo México – Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC), quienes dividieron la defensa de la demanda por dos vías: la defensoría de los derechos de los migrantes y de las empresas y negocios locales.Sin embargo, el 7 de diciembre, el juez federal de distrito Neil V. Wake falló en contra al señalar que la demanda era prematura, pues aún no existe ninguna evidencia que alguien haya resultado dañado por la ley. Y agregó que la parte demandante falló al escoger a los demandados, la gobernadora Janet Napolitano y el fiscal del estado, pues en realidad son los fiscales de los condados los encargados de la aplicación de la ley, indicaron medios locales.En respuesta, las organizaciones civiles presentaron 48 horas más tarde una segunda demanda, en la que ahora se nombran a cada uno de los 15 fiscales de los condados de Arizona. Otra diferencia importante con la primera demanda es que ahora se agregan quejas de negocios que presuntamente contratan indocumentados.Una ley similar, pero en el ámbito federal, fue paralizada en octubre pasado, cuando el juez Charles R. Breyer consideró que la propuesta () afectaría a más de ocho millones de trabajadores y, en el plazo obligatorio, resultaría en el despido ilegal de trabajadores con empleo legal.Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interna de EU ya prepara una apelación.Medidas antiinmigrantes, trampolín electoralEspecialistas temen que en vísperas de elecciones en EU, medidas antiinmigrantes, como en el caso de Arizona, repercutan en un efecto multiplicador. Rubio Salas, especialista del Colef indicó: al final de cuentas, el resto de los gobiernos estatales en EU pudieran sacar factura y copiar lo que están llevando acabo en Arizona, lo que genera un mecanismo multiplicador, que hace que la medida afecte a una cantidad mayor de migrantes.Jorge Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), concuerda que el terreno electoral es campo fértil para que propuestas como la de Arizona tengan eco en otros estados: este tipo de medidas, finalmente, responden a las presiones del electorado. Curiosamente es un año de elecciones, esto hace que estas medidas tengan alguna intención política.El gobierno de Calderón ante la LeyAnte la situación de leyes y movimientos antiinmigrantes, como el del Minuteman también en Arizona, recientemente el presidente Felipe Calderón llamó a cónsules y embajadores de Canadá y EU a defender a los derechos e intereses de migrantes mexicanos en estos países, pues acusó sentir preocupación por el odio y la discriminación contra éstos: me preocupa el encono y la semilla de animadversión, en algunos casos hasta de odio y discriminación que se está sembrando, ya no es sólo en contra de los migrantes, sino a veces en contra de los mexicanos en general del otro lado de nuestra frontera.Pese al llamado del Ejecutivo, el cual incluía acudir a los medios de comunicación, al cierre de esta edición, no se encontró respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Consulado General en Arizona para conversar sobre los esfuerzos que las autoridades están haciendo en la defensa de mexicanos en EU.Mientras, la realidad de la migración en EU se sigue debatiendo en la contradicción, entre un mercado que sigue necesitando esa fuerza laboral y leyes migratorias que impiden que los trabajadores puedan integrarse a una actividad económica, aún a cosa de los derechos individuales.