La pobreza, al margen de los problemas físicos derivados en quien la padece por una mala alimentación o falta de hábitos saludables, desencadena en demasiadas ocasiones soledad, y esta, a su vez, lleva a la tristeza, acompañada de depresiones por angustia e inseguridad, a veces adicciones y, en el peor de los casos, origina un grave deterioro mental. Lo saben los que día a día trabajan con pobres, como Cáritas de Barcelona, que ayer pidió una mejor coordinación entre los centros sociales y los servicios de salud, así como un aumento de la atención sanitaria en todos los equipamientos, centros de día, pisos tutelados, residencias o en la prestación de atención domiciliaria.
La oenegé presentó Vidas rotas. Pobreza y salud precaria, el quinto informe anual consecutivo, en el que recoge testimonios de algunas de las 25.000 personas que durante el 2006 atendió en sus diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa, una cifra 12,7% superior a la del 2005 y un 20% mayor que la del 2004. “Hemos constatado que muchos problemas de salud que atendemos en nuestros servicios tienen su raíz en las desigualdades sociales y económicas. Hay situaciones como la desesperación y el aislamiento que llevan a enfermar”, explicó el director de la entidad, Joaquim Roglà.
Por ello, y como medidas urgentes, Cáritas pidió también que se garantice el empadronamiento de toda la población inmigrante, con independencia de su situación jurídica, para que todo el mundo pueda disfrutar de asistencia sanitaria gratuita, así como la implementación de un sistema de renta básica garantizada, con un ingreso mínimo para cubrir las necesidades primarias.

PRECARIEDAD EXTREMA Y
ese derecho, denunció la organización, no está cubierto ni de lejos para las 200.000 personas en situación de precariedad extrema que viven en Catalunya cobrando pensiones por debajo del umbral de la pobreza, una cifra en la que no está incluido un número importante y difícil de cuantificar de foráneos “invisibles” que no tienen papeles.
De hecho, 5.000 de los 25.000 atendidos en Barcelona fueron pobres con prestaciones de viudedad, pensiones no contributivas (por jubilación o invalidez), perceptores de rentas mínimas de inserción o del subsidio de paro, con unos ingresos que de media no superan los 400 euros mensuales. En ese punto, la entidad denunció que el Estado dé prestaciones por debajo del umbral de la pobreza (estipulado en 531,9 euros al mes), con lo que “perpetúa y cronifica situaciones y crea dependencia a través de la propia Administración”, según la autora del informe Anna Jolonch.
Para paliarlo, Cáritas pidió un pacto de todos los partidos políticos para destinar el 1% de los presupuestos de la Generalitat (entre 10 y 12 millones de euros) a aumentar estas pensiones hasta los 530 euros, con lo que reduciría en la mitad la pobreza extrema, una propuesta, sin embargo, que topa con la ley de seguridad social, que impide que las aportaciones de las autonomías sobrepasen el 25% de las ayudas que destina el Estado.