Los legisladores de Carolina del Sur esperan aprobar durante el año 2008 una serie de medidas antiinmigrantes que incluyen oficializar el idioma inglés para ser utilizado en todos los asuntos del gobierno estatal.

De las 32 propuestas de leyes, que comenzarán a discutirse el próximo 8 de enero, al menos dos están relacionadas con combatir la inmigración ilegal y restringir los servicios públicos a los indocumentados.

El Acta de Reforma de la Inmigración obligaría a todos los departamentos y oficinas del gobierno a verificar el estatus migratorio de los extranjeros que soliciten beneficios.

También convertiría en delito mayor el uso y fabricación de documentos falsos, al igual que el robo de identidad, y requerirá que las compañías verifiquen si sus empleados tienen papeles en regla para trabajar en el país.

Esta propuesta de ley fue discutida en varias sesiones de la legislatura en 2007 y cuenta con un gran apoyo de miembros de ambas cámaras.

Incluso la Cámara de Comercio, que en un principio se opuso a la medida bajo el argumento de que la ley colocaría una presión a los negocios, terminó por apoyarla, ante la falla del Congreso de no encontrar una solución a la inmigración indocumentada.

Según Jim Ritchie, senador republicano de Spartanburg al norte de Columbia, la capital del estado y proponente de la ley dar educación, salud y seguridad a los indocumentados cuesta a los contribuyentes un extra de $186 millones al año.