La disidencia cubana llama a nuestra puerta y España debe contestar con toda la fuerza de sus principios democráticos. El diplomático Lorenzo Menéndez Echevarría, número dos de la embajada de Cuba en Mozambique hasta hace unos días, se refugió ayer en Madrid junto a su familia tras escapar en París del aparato castrista que lo custodiaba. Lorenzo Menéndez solicitó asilo en España a través de nuestra embajada en Maputo el martes pasado, el mismo día que los comisarios de Fidel Castro lo obligaron a subirse a un avión para culminar un proceso de repatriación que comenzó en agosto. Este funcionario de carrera lleva 25 años ayudando a la disidencia y horadando el régimen del viejo caimán antillano desde dentro.

La tramitación de un aval de trabajo a un «desertor» de la Brigada Médica Cubana en Mozambique le valió el inicio de un proceso ante el Tribunal Supremo en La Habana. La Justicia cubana le acusa de un delito de resonancias sumarísimas para el aparato represor castrista: «Violación grave de la disciplina», lo que equivale a hacer frente a una condena de cinco a ocho años de cárcel. Tras su fuga, el régimen de Castro considerará a Menéndez un desertor, un delito castigado en la isla con penas de entre 15 y 20 años. Ahora, de nuestro país depende su libertad como exiliado político o su deportación como proscrito.

El asunto es muy delicado porque atañe a un importante diplomático. Puede producirse un conflicto entre Madrid y La Habana. Pero el temor a abrir un nuevo frente con otro de los países que figuraban entre los aliados preferentes de Zapatero en el exterior no debe hacer dudar al Gobierno. España debe dar refugio inmediato a este disidente por razones políticas y – conocida la pena que afronta – también humanitarias.

Nuestra legislación en materia de asilo se fundamenta en la propia Constitución y en la Convención de Ginebra de 1951. España siempre ha practicado una interpretación amplia de la Ley de Asilo y Refugio, que dispensa protección y el derecho a residir y trabajar en el territorio nacional a los perseguidos en razón de su raza, su religión, su pertenencia a un determinado grupo social y por motivos políticos, incluyendo en esta salvaguarda «los actos punibles que pudieran haberse cometido por razones políticas». El caso Lorenzo Menéndez se ajusta perfectamente a estos supuestos.

El diplomático pidió verbalmente asilo hace una semana (y lo hará mañana de nuevo), por lo que sólo cabe confiar en que la comisión interministerial que examina las solicitudes haya iniciado ya, o inicie cuanto antes, la concesión de refugio a Menéndez. La praxis indica que España admite el 89% de las peticiones de asilo incoadas por disidentes cubanos, por lo que un retraso en la resolución positiva de este caso sólo podría entenderse como la supeditación de nuestros valores democráticos a los requerimientos de nuestra relación bilateral con el régimen castrista. España, como todos los países, mantiene y debe mantener buenas relaciones con otros Estados en los que, como en Cuba, Venezuela, China, Guinea o Libia, los derechos humanos no existen o son papel mojado. Pero en caso de conflicto debe primar siempre la defensa de nuestros valores a los protocolos y conveniencias de la realpolitik.