WASHINGTON.— Seis años después de que México estuvo en la ruta de negociar una reforma migratoria las cosas han cambiado de manera brutal: un visible clima de hostilidad campea por Estados Unidos, donde más de 100 ciudades y condados aprobaron ordenanzas que autorizan a las policías locales a ejercer funciones migratorias. Redadas y deportaciones ocurren cada vez con mayor frecuencia.Las ordenanzas movilizan a los cónsules de México de un extremo a otro de la geografía norteamericana para tratar de contener esas leyes que autorizan a las policías locales a detener personas por el solo hecho de no parecer americanos, sino mexicanos o de algún otro país latino. En algunos casos, esas disposiciones prohíben a los extranjeros encontrar trabajo y sancionan a ciudadanos estadounidenses que establecen alguna relación con los indocumentados.El tejido de disposiciones locales con dedicatoria tiene sustento en el programa 287 que faculta a la Oficina de Inmigración y Aduanas a entrenar a policías y autoridades de índole local para identificar y detener a personas que ingresaron ilegalmente a EU.La aprobación de las ordenanzas se intensificó en los últimos tres años. La Oficina de Inmigración y Aduanas anunció que al cierre del año fiscal 2007 fueron detenidas 30 mil 408 personas, cuando un año antes ese número ascendió a 15 mil 462 inmigrantes capturados. “Por primera vez en años la población de inmigrantes indocumentados está en franco declive”, dijo la oficina de Inmigración y Aduanas. “En el logro de estos resultados ha sido vital la colaboración de las autoridades estatales y locales”. Alrededor de 600 oficiales recibieron instrucción para cumplir las leyes federales de migración en este año.Farmers Branch, una ciudad que forma parte de la zona metropolitana de Dallas y Forth Worth se convirtió en el primer sitio del país cuyo consejo aprobó en noviembre de 2006 una ordenanza, votada en mayo de 2007 por abrumadora mayoría, que prohibe a los dueños de casas y departamentos a rentar sus propiedades a inmigrantes indocumentados.La disposición dividió al pueblo entre quienes están a favor de perseguir a los migrantes indocumentados bajo el argumento de que afectan los indices de crimen y el bienestar de la comunidad y aquellos que han interpuesto varias demandas que mantienen en vilo la ordenanza. Desde entonces Farmers Branch vive entre protestas de grupos antagónicos.En Nashville, condado de Tennessee, la policía local decidió sumarse a las acciones de la oficina de Inmigración Aduanas, bajo la sospecha de que varios crímenes habían sido cometidos por inmigrantes indocumentados. El sheriff de Nashville, Dan Hall, dio a conocer un plan para incorporar a los policías locales en acciones migratorias. “En 2006 registramos cerca de 4 mil personas nacidas fuera de EU y en ese año solo fueron deportadas 156 de ellas”, dijo el sheriff. “En Little Rock, Arkansas, en septiembre pasado el Consulado recibió cientos de llamadas de mexicanos alarmados por la intención de la alcaldía de involucrar a la Policía local en tareas migratorias para lo cual envió a 19 oficiales a recibir entrenamiento.El cónsul Andrés Chao advirtió el riesgo de que las autoridades incurran en un racial profiling, como se conoce a la detención de personas sospechosas por pertenecer a un grupo étnico. Organizaciones defensoras de inmigrantes estiman que unas cien ciudades y condados se han incorporado al programa 287 y otorgado a sus policias atribuciones migratorias. En Arizona, Alabama, Florida y California se suscribieron acuerdos con ese fin y en los últimos meses las legislaturas de Oklahoma, Virginia y Colorado acogieron esa disposición.