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A denuncia que realiza Cáritas Diocesana sobre el alarmante aumento de situaciones de exclusión extrema de muchas familias gitanas en Gipuzkoa debe ser motivo de reflexión para todas las instituciones implicadas en su posible solución. Es cierto que la solución no se presenta fácil con un colectivo tradicionalmente complicado como es la comunidad gitana, pero lo que no se puede mantener por más tiempo es una situación que, como apunta la responsable de Minorías Étnicas de Cáritas, es en estos momentos más dura que los tiempos del chabolismo, ya que muchas de estas personas ni siquiera tienen la oportunidad de practicar este submodo de vida debido a unas ordenanzas municipales que, en buena lógica, han ido prohibiendo estas prácticas en sus respectivos municipios. Pero lo que no parece de recibo es que tanto desde los ayuntamientos como desde la propia Diputación no se busque una alternativa duradera a esa pescadilla que se muerde la cola en la que se ha convertido la situación de exclusión para muchos gitanos. Resulta duro comprobar cómo son sistemáticamente apartados por parte de la sociedad de derechos fundamentales y elementales como son el derecho al trabajo o a la vivienda. En este sentido, hay que tomar nota de la denuncia de que hay gitanos nacidos en nuestro territorio que comienzan a hacerse pasar por inmigrantes latinos para conseguir un puesto de trabajo o un lugar donde vivir, algo que sólo sucedía en grandes capitales como Madrid o Barcelona. Y de entre todos los lugares en donde se está reactivando este problema, Irun se lleva la palma con un nutrido grupo que vive en condiciones infrahumanas. Si bien es cierto que el Ayuntamiento, a través de servicios sociales, ha intentado mediar sin éxito para conseguir una vivienda digna a este colectivo, también lo es que habrá que buscar otras opciones factibles, teniendo en cuenta la peculiar idiosincracia del pueblo gitano. En pleno año 2007, en la sociedad de la abundancia, no podemos permitirnos retornar 25 años en el tiempo porque medios y recursos existen para que no se den estas situaciones. Al final, tendrán que sentarse todos, instituciones y afectados, para empezar a buscar una solución definitiva, solidaria y justa para todos.