Donostia. Los ayuntamientos están obligados a empadronar a cualquier familia, aunque viva en la calle, pero en la práctica es algo que no siempre ocurre. De hecho, Cáritas tramita estos días dos quejas que remitirá al Ararteko para poner en conocimiento de la institución la complicada situación que atraviesan dos familias a las que reiteradamente se les ha negado este derecho.

Desde el departamento de Minorías Étnicas admiten que “a los ayuntamientos nos les gusta que entre en juego el Ararteko porque les hace plantearse muchas cuestiones”. Por eso, creen que los consistorios deberían garantizar “el derecho a un techo a todo tipo de personas, al margen del historial que puedan tener a sus espaldas”.

La Ley del Padrón ofrece la posibilidad de registrar a estas personas en su lugar de residencia, pero esa misma normativa plantea que para hacerse con este documento es preciso una notificación de los Servicios Sociales, que generalmente no están por la labor. “No suelen hacer ese escrito y, por eso, no es extraño que, por ejemplo, en Donostia se les empadrone de un modo habitual en el albergue municipal e incluso algunos de ellos lo hagan en los distintos servicios que ofrece Cáritas. Es decir, lugares en los que no están viviendo”, aseguran desde esta organización.

el médico La persistente negativa de este derecho no sale gratis. Si una persona reside habitualmente en un terreno de Altza y se le empadrona en los Servicios Municipales, para empezar, no tiene derecho a solicitar ningún tipo de prestación económica, como la renta básica o las ayudas de emergencia.

Otro de los escollos pasa por la atención sanitaria, ya que para acudir al médico sólo pueden hacerlo en el ambulatorio donde realmente están empadronados. “En Donostia, al menos, se les empadrona en el albergue municipal pero la verdad es que el resto de consistorios se mantienen al margen de este problema”, critican desde Cáritas. >j.n.