Prodi sometió el texto a una votación de confianza en la que se jugó su dimisión, pero tendrá que enmendarlo

LAURA VILLENA SERVCIO ESPECIAL. BRUSELAS. Italia ya puede expulsar de su territorio a los inmigrantes que considere peligrosos. Lo que no está tan claro es si podrá castigar con penas de hasta tres años de cárcel a quienes aireen sus ideas sobre la superioridad racial o tengan comportamientos discriminatorios basados en la religión o la orientación sexual.

Estos dos puntos, contemplados en uno de los artículos de la polémica ley de seguridad aprobada la noche del jueves en el Senado italiano, son los que acaparan ahora toda la atención sin que se haya superado el trago de peor digestión: el de la expulsión de los ciudadanos que comporten un peligro para la sociedad, que fue elaborado a principios de noviembre tras conocerse el triste episodio de la violación y muerte de una mujer italiana a manos de un gitano rumano.

En una votación de confianza que puso de nuevo a prueba la difícil coalición liderada por Prodi, el texto salió adelante con una justa mayoría de apenas 160 votos a favor y 157 en contra. A pesar del exitoso órdago lanzado por Prodi al someter el texto a una votación de confianza que podría haberle costado la dimisión, las reacciones en contra de la ley no se ha hecho esperar y llegaban ayer desde las propias filas del Gobierno.

De un lado caían las críticas de quienes, como el senador Franco Turigliatto, consideran «racista» una medida como la expulsión y, paradójicamente, el texto fue rechazado de plano por quienes se niegan a condenar los comportamientos racistas o discriminatorios por razones como la religión u orientación sexual, como es el caso de los miembros del ala católica de La Unión.

Encorsetado entre unos y otros, todo apunta a que Prodi tendrá que cambiar antes de final de año el artículo sobre la discriminación sexual para salvar a su débil Gobierno. Sea cual fuere el resultado final de la nueva ley del Gobierno italiano, de la que también se ha hablado en Bruselas, lo cierto es que las cuestiones migratorias cobran cada vez más importancia en el seno de la UE sin que los recelos y sensibilidades de cada país permitan avanzar hacia políticas comunitarias, ni siquiera en las cuestiones que podría parecer de interés general.

La «tarjeta azul» divide a la UE

El último capítulo que da ejemplo de esta división ha sido el de la adopción de una «tarjeta azul» que facilite la entrada de inmigrantes cualificados al mercado laboral europeo para compensar la falta de trabajadores especializados que se prevé que sufrirá la UE en el futuro a causa de su envejecimiento.

Los ministros de Trabajo e Interior de Holanda, Austria, Alemania y República Checa rechazaron de plano esta iniciativa de Bruselas y dejaron entrever al Ejecutivo comunitario las cada vez mayores reticencias de los gobiernos nacionales a que Bruselas interfiera en las cuestiones migratorias, extremadamente sensibles cuando se trata de permisos a inmigrantes, cualificados o no, que una vez regularizados en un país pueden moverse libremente por todo el espacio Schengen.