La Inspección de Trabajo ha sancionado al empresario de Alcoy que pretendía desahuciar a una familia de inmigrantes búlgaros que le había denunciado por irregularidades. El Ministerio de Trabajo, a través de la Subdelegación del Gobierno, ha concedido el permiso de residencia y trabajo a la denunciante y a otros dos trabajadores de esta fábrica por haber colaborado con la Justicia y en virtud del artículo 45 de la Ley de Extranjería.

Según explicó ayer en Alcoy la representante de la Federación del Textil, Químicos y Afines de Comisiones Obreras en las comarcas centrales alicantinas, Manuela Pascual, la sanción interpuesta al gerente de Cosméticos Leim, S. A. se basa en las graves irregularidades de seguridad e higiene detectadas en la fábrica y en las relaciones de trabajo precarias que mantenía con 25 trabajadores, tanto españoles como inmigrantes.

Según indicó Pascual en una rueda de prensa, sólo la mitad de ellos tenía contrato, «el que más por cuatro horas al día», y todos trabajaban unas 80 horas semanales, cobrando tres euros la hora.

Además de la multa, cuya cantidad no ha trascendido, los inspectores precintaron algunas secciones de la empresa donde los operarios manipulaban pinturas y productos químicos sin protección.

El asunto saltó a la luz gracias a la denuncia de una de las trabajadoras, Darinka Hristova. Esta ciudadana búlgara vivía con su marido, Dimitar Gergioev, y dos hijas de cinco y ocho años, en una infravivienda propiedad del empresario, que ocupaban a cambio de vigilar y cuidar la finca.

Cuando Dimitar sufrió un accidente laboral que el empresario no quiso reconocer, Darinka acudió a Comisiones Obreras. Por este motivo, y después de que el empresario recibiera la visita de los inspectores de Trabajo, ambos fueron despedidos y a las semanas recibieron la notificación judicial que les obliga a desalojar la vivienda.

CCOO, a través de su secretario general en las comarcas centrales de Alicante, Paco Molina, avanzó que defenderá a Darinka y a su familia ante los tribunales y se opondrá al desahucio.

No obstante, Molina llamó a los empresarios de la comarca para que contrataran a este matrimonio y le permitiera emprender una nueva vida lejos del «lugar inmundo» que tiene como residencia. La denunciante, que acompañó a los representantes del sindicato en su comparecencia ante los medios, mostró unas fotografías en las que quedaba patente el mal estado del local que ocupaban como casa y la cantidad de basura tóxica y desperdicios esparcidos en uno de los patios.