La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, censuró ayer una vez más la política que en materia de menores inmigrantes no acompañados desarrolla el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ante las críticas que el ministro del Interior, Jesús Caldera, ha hecho al Ejecutivo regional por comenzar estas derivaciones a la Península sin comunicárselo previamente, Inés Rojas, señaló que el Estado “ni hace ni deja hacer”.

Rojas dejó claro que no tiene la obligación de comunicar al Ministerio del Interior este tipo de decisiones, aunque reconocí que, como estos niños cuando superen la mayoría de edad estarán sometidos a la Ley de Extranjería, el Estado debe conocer en qué parte del territorio español están. No obstante, insistió, “no existe la obligación de comunicarles lo que íbamos a hacer”. “Canarias tiene la tutoría y las competencias y hace lo que cree más conveniente”, subrayó la consejera.

Estatuto jurídico

Asimismo, la consejera consideró necesario establecer un estatuto jurídico del menor que fije sus derechos para que cuando alcance la mayoría de edad saber a qué puede atenerse. Rojas hizo hincapié en el vacío legal que existe en la actualidad sobre este asunto y en la necesidad de adaptar las leyes a la situación actual. Precisó que ahora mismo se puede interpretar que los menores son competencia de la Comunidad Autónoma, pero, agregó, la Ley del Menor no contempla a los niños que llegan en patera.