El problema que plantea el incremento de la inmigración de menores que llegan en precarias embarcaciones al archipiélago canario no ha logrado encauzarse correctamente, porque los procesos de repatriación son muy complejos y los centros de acogida no ofrecen los servicios precisos para afrontar las demandas. A la espera de que fructifiquen los acuerdos bilaterales con los países de origen, las autoridades canarias han optado por empezar a descongestionar sus instalaciones trasladando a 90 niños a Salamanca, previo acuerdo con las ONG. El descontento del Gobierno de Madrid por no haber sido informado puede resultar comprensible en el marco de la atención a los protocolos de respuesta, pero no debe soslayar la existencia de graves dificultades para poder atender con garantías a los menores. Dificultades que no han de descargarse en una única administración, sino que requieren de una colaboración diligente y solidaria.