La petición que el presidente de Rumanía, Traian Basescu, hizo ayer a Rodríguez Zapatero de que legalice a todos sus compatriotas que viven en España sólo puede ser contestada con una negativa. El Gobierno español aprobó hace un año esa restricción, cuyo plazo vence en 2009, y sería incoherente dar marcha atrás a mitad de plazo. La semana pasada, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se mostraba partidaria de no modificar la situación hasta no estudiar el impacto que ha tenido en el mercado laboral la llegada masiva de rumanos. Proceder ahora a una regularización automática podría desembocar en un nuevo efecto llamada. Hay medio millón de rumanos empadronados en nuestro país, y se calcula que otros tantos residen de forma irregular. Basescu tiene argumentos para solicitar su legalización: Rumanía es miembro de la UE y sus ciudadanos deben ser tratados como europeos de pleno derecho. Además, quienes carecen de papeles se ven abocados a la economía sumergida. Sin embargo, la saturación provocada por la llegada masiva de inmigrantes en un momento de desaceleración económica que está por ver cómo termina, podría tener más inconvenientes que los que evitaría levantar la moratoria. No hay que mirar muy lejos para ver cómo Italia, con un Gobierno de izquierdas, acaba de deportar a ciudadanos rumanos aduciendo «motivos de seguridad». Siempre será mejor actuar con cautela, que tener que recurrir a este tipo de decisiones extremas.