La Coalición  Interinstitucional para el Seguimiento y Difusión para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios presentó ayer el informe denominado Sombra, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el documento se asegura que el Estado ecuatoriano no ha promovido la participación de la sociedad civil en temas migratorios y su descuido sobre el futuro de los trabajadores en el exterior.

“La Cancillería y la Senami (Secretaría Nacional del Migrante) deben generar una política pública que permita defender los  derechos de los trabajadores ecuatorianos que residen en otros países”, expresó Guillermo Robayo, miembro del Servicio Jesuita para Refugiados. 

Se plantea que la mano de obra seleccionada de los países desarrollados no se base en función del mercado laboral, sino en todos los oficios, debido al creciente índice de desempleo entre los emigrantes.
 
 Según el estudio, las mujeres serían las mayores perjudicadas, debido a la discriminación y a su poco acceso al trabajo. 

“El Estado debe promover con los países de destino la regularización de los trabajadores ecuatorianos indocumentados”, manifestó Robayo.

Al encuentro acudió José Astudillo, asesor de la Secretaría Nacional del Migrante, quien se comprometió a trabajar en los aspectos señalados y advirtió que los proyectos como el Plan Retorno y el Banco del Migrante permitirán el regreso voluntario de ecuatorianos a su tierra en condiciones de vida dignas.

Otro punto crítico del informe es el surgimiento de pequeños grupos que atentan contra la población extranjera, en especial de la mujer. 

Finalmente, se pidió al Comité para la Protección de los Trabajadores Migratorios que exhorte al Estado ecuatoriano a posicionar el aspecto migratorio como uno de los principales puntos a tratar en la Asamblea Constituyente.  

Las organizaciones que pertenecen a la Coalición son Fundación Esperanza, Flacso, Universidad Andina, Conferencia Episcopal y el Servicio Jesuita para Refugiados.