Los centros de menores inmigrantes de Canarias acogían hasta la semana pasada a un total de 868 chicos, la inmensa mayoría de origen subsahariano y una pequeña parte de magrebíes, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Está siendo habitual que en los cayucos que alcanzan las costas canarias lleguen varios menores de edad. Sólo en el último mes y medio han sido 200 los chicos que han ingresado en los centros de emergencia del Gobierno canario, tras verificar con las pruebas óseas del brazo y de la mano su minoría de edad.

La mayoría en Tenerife

El centro de menores de emergencia de La Esperanza, en Tenerife, supera ya las 200 plazas de ocupación, un número muy elevado. Le sigue el centro de Agüimes, en Gran Canaria, con 130 y, después el recinto de Tegueste (Tenerife), que alberga a otros 109. A estas infraestructuras se suman dos más, una en el municipio tinerfeño de Icod de Los Vinos, con 45 y otro en la provincia de Las Palmas, en Arucas, con 24.

Según las mismas fuentes, la mayoría de estos menores proceden de países como Angola, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, Nigeria, República del Congo, Senegal y Tanzania.

La vía de entrada principal son los cayucos que zarpan de la costa occidental africana (desde Guinea Bissau hasta Mauritania e incluso el Sahara) hacia el Archipiélago canario. Se ha dado el caso, en este año, que en un fin de semana han arribado a Tenerife una veintena de menores en dos cayucos.

Por parte del Ejecutivo canario ya ha avisado de la saturación de los centros de acogida de las Islas, que tienen una capacidad fijada en 300 plazas, al igual que lo hizo el pasado año, cuando la afluencia de embarcaciones fue superior. Entonces, tras pedir la reunión urgente del Consejo Superior de Política Migratoria, el Ejecutivo central se comprometió a financiar el traslado a la Península de 500 menores, con la complicidad de aquellas administraciones autonómicas que quisieran hacerse cargo de ellos.

Pese a que han salido desde Canarias casi medio millar, las llegadas han superado esas salidas. Ahora, la política del Gobierno es que sea el propio Ejecutivo canario quien logre en otras comunidades el consentimiento de acoger a menores de los que viven en las Islas.