SANTA CRUZ. El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer por dieciséis votos a favor y seis en contra una moción sobre inmigración presentada por el grupo de Gobierno (CC y el PP) en la que se solicita al presidente francés, Nicolas Sarkozy, su «mediación política» ante «la grave situación que padece Canarias y el problema humanitario de los miles de refugiados y los miles de muertos que se producen año tras año».
La justificación de la iniciativa, presentada cuando ya se había completado el orden del día y con carácter urgente, hunde sus raíces en el «peso político que en estos países africanos tiene Francia y en el hecho de que las Islas son lugar de residencia de muchos franceses y destino turístico europeo», justificó el alcalde, Miguel Zerolo. El golpe de efecto del nacionalista encontró la resistencia del grupo mayoritario en la oposición, el PSOE, que tachó de «grotesca» la propuesta. «CC está vendida totalmente a los intereses electorales del PP y le da igual hacer el ridículo», afirmó a este periódico la edil socialista Marian Franquet.
El alcalde indicó que su iniciativa no tenía un tinte político, sino el fin de «aportar soluciones», contradiciendo de este modo las tesis socialistas.
Canarias, un país
La moción dice textualmente así: «Tal vez sea necesario hacer llegar nuestra voz a aquellas instancias capaces de sentir una especial sensibilidad por el doble problema, el de los que mueren por el camino hacia la esperanza, el de los que malviven una vez llegados y el de las propias Islas que se están convirtiendo en un país de arribada de masas de personas que un día pueden convertirse en aluvión frente al que no tengamos capacidad de respuesta».
Asimismo, Zerolo señaló que «las medidas adoptadas hasta el momento han demostrado su incapacidad para erradicar el fenómeno» y que «es evidente que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha destinado muy escasos recursos para afrontar la llegada de cayucos». Además, el alcalde puso en duda la eficacia de la acción diplomática del Estado.
Para Franquet el modus operandi de Zerolo obedece a un intento de desviar la atención sobre una de las cuestiones que se habían debatido durante el pleno, la solicitud del PSOE de crear una comisión de investigación sobre la privatización de la empresa pública de aguas Emmasa en 2005.
El alcalde dio la posibilidad de detener la sesión cinco minutos para que los grupos estudiaran la moción, pero el PSOE se negó, ya que solicitaban más tiempo para analizarla en profundidad. «Es interesante plantear una declaración institucional sobre la cuestión, pero con consenso», dijo Franquet.
Así las cosas, finalmente se dio luz verde a la propuesta de nacionalistas y populares. La acción puede traer consecuencias políticas, ya que puede el Gobierno central considerar no sólo que se le cuestione en una de sus competencias, política exterior, sino, además, que se le salte. Y, por otra parte, que se acuda al presidente francés del mismo modo que intercedió para resolver la liberación de las azafatas en el Chad.