El delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, apuntó ayer que la cifra de inmigrantes llega ya a 69.721 personas (58.237 en situación de regularidad y 11.394 a la espera de concesión de la tarjeta de residencia), por lo que sumados ambos conceptos, este colectivo se situaría en el 11,5% de la población navarra.

A la cifra de procedentes de países extranjeros habría que sumar los más de 6.500 nacionalizados en los últimos años y una bolsa de residentes irregulares “que tiende a crecer”, reconoció Ripa.

Con todo, el delegado se felicitó porque “como mínimo, seis de cada diez extranjeros legales residentes en Navarra con posibilidad de trabajar lo hacen y están afiliados a la Seguridad Social”. En ese sentido, valoró la cifra de 31.471 extranjeros dados de alta alcanzada a 31 de octubre, que suponen el 11,09% de los 283.685 trabajadores afiliados.

Ripa, que participó ayer en la presentación de una Guía de Contratación de Trabajadores Extranjeros, destacó que éstos “contribuyen a sostener nuestro estado de Bienestar con sus declaraciones del IRPF y contribuciones a la Seguridad Social”.

En ese sentido, el presidente de la Cámara, Javier Taberna, señaló que “la inmigración es un fenómeno real y necesario” en Navarra. A su juicio, la economía foral “no hubiera crecido a ritmos superiores al 4%, si no es por la colaboración de la inmigración”.

Asimismo, Taberna destacó que el balance entre ingresos y gastos de la población inmigrante es “positivo”, por lo que “rompe la imagen negativa que puede existir de que la inmigración cuesta más a Navarra”. Además, explicó que en muchos casos existe necesidad de contratación de mano de obra especializada, inexistente en la Comunidad foral, por lo que es necesario “contratar en origen”.

Precisamente, la guía presentada ayer será de “gran utilidad para los empresarios”, indicó Taberna, ya que recoge de forma “sencilla y práctica” los trámites que tiene que realizar para contratar a ciudadanos extranjeros no comunitarios en origen. Este procedimiento, expuso Vicente Ripa, “es el mejor aval para la consecución de una inmigración legal, ordenada e integrada” , y por lo tanto, “sostenible”.