En los últimos años hablar en Canarias de territorio y población, es someterse a toda clase de improperios de aquellos que consideran que el asunto guarda relación con posturas racistas o xenófobas.

Muy lejos de esas actitudes que, obviamente, rechazo absolutamente, hay una realidad que debe ser tratada objetivamente, al margen de cualquier coyuntura partidista.

Es, ciertamente, la relación entre la población y el territorio canario. Un problema de gran envergadura que afecta a todos los servicios públicos, el medio ambiente y la economía de esta tierra fragmentada.

Si observamos los datos oficiales nos damos cuenta de la verdadera magnitud de este razonamiento: España, a enero de 2007, con 504.782 km2 de superficie y una población de poco más de 44 millones de habitantes, cuenta con una densidad de población de 87,2 personas por Km2. Canarias, con 7.492,36 km2, tiene una población residente de prácticamente 2 millones y una densidad de 266 personas/km2.

Si analizamos los datos por islas, las cifras adquieren en aumento preocupante, destacando Tenerife con 419/km2 y Gran Canaria con 517/km2, según fuentes del ISTAC, del año 2006.

Parecen fríos números pero compárese con el dato de Taiwán que mantiene el segundo puesto mundial en densidad de población, con 632 habitantes por kilómetro cuadrado, según estadísticas oficiales difundidas.

La densidad demográfica, nos muestra cómo está distribuida la población en el espacio, y es la relación entre la población y la superficie. A más población en una superficie concreta, más ocupación de áreas, más dotaciones de servicios sanitarios, educativos y sociales, más infraestructuras de todo tipo, más demanda de empleo, etc. Y, ello en unas islas alejadas del continente europeo, con un espacio limitado y perteneciente a un Estado que no se ha caracterizado, de siempre, por ser muy dadivoso con ellas. Más bien, la relación de dependencia de Canarias con El Estado, históricamente colonial, ha sumido a este pueblo, nuestro, en el olvido y el agravio comparativo con respecto al resto de las comunidades que actualmente conforman España. Se nos mira de lejos y no se acaba de comprender la verdadera realidad de esta nación, sus problemas y sus derechos.

En el año 2006 la densidad de población mundial se estimó en 49 hab. /km2. Y expongo datos para ilustrar el contexto isleño en toda clase de comparativas estadísticas, sin olvidar que el ritmo de crecimiento poblacional canario es ascendente, a razón de alrededor de de 50.000 nuevos residentes por año.

Según datos del 2005 del ISTAC en Canarias hay una población estable de 1.968.280 habitantes, de los que son canarios de nacimiento el 76,85%; españoles no nacidos en Canarias, el 11,85%; ciudadanos de la UE en situación de libre circulación, el 5,20%; residentes de origen africano el 1,33%; nacidos en Sudamérica, incluyendo los hijos de inmigrantes canarios retornados, el 4,07%; siendo los restantes de otros orígenes diferentes.

Por lo tanto, el problema del crecimiento poblacional canario, en relación a la fragilidad del territorio y la economía de las islas, no es un asunto de color de piel ni de nacionalidad. Es un conflicto de supervivencia digna que se enfrenta a una elevada tasa de aumento desproporcionado de residentes en un territorio muy limitado.

El crecimiento vegetativo y el ritmo de nuevos residentes empujan las cifras hacia el umbral de los 3 millones de habitantes en poco más de una década.

Las cifras no engañan, hemos pasado de 1.125.442 residentes en Canarias en 1972 a los 2 millones de 2007, coincidiendo con la explosión turística. Lo que supone un incremento de casi 900.000 residentes en un periodo de 35 años, en un territorio frágil, fragmentado y muy limitado en superficie. Los síntomas de graves problemas económicos, sociales y medioambientales se asoman cada vez con más relevancia.

Los indicadores de coyuntura nos muestran las incidencias que está teniendo el crecimiento poblacional en el empleo, con índices de paro preocupantes. En ese sentido, la propuesta del presidente Paulino Rivero no va mal encaminada, a pesar de las críticas suscitadas en el ámbito del partido del Gobierno de España.

Y es que no podemos ni debemos esperar que el mercado, la oferta y la demanda, regule la solución. Eso sería tanto como dejar un barco a la deriva en pleno oleaje; un pueblo y sus derechos en manos de la dinámica especulativa que ya ha destruido enormes áreas de territorio, importando, a su vez, mano de obra barata foránea.

De continuar así, sin tomar ningún tipo de medidas, el Archipiélago no tendrá sostenibilidad medioambiental, social ni económica.

Es necesario, por tanto, abordar la problemática al margen de los intereses partidarios y con una visión serena para encontrar la determinación oportuna que solucione este gravísimo asunto de estado para Canarias.

Es inexcusable, cuanto antes, proceder a regular la población residente canaria, mediante una norma jurídica que, para los que se rasgan las vestiduras por ello, existe en multitud de territorios del mundo, incluyendo la Unión Europea.

Francia dispone de límites reguladores de población en Córcega, lo mismo que Italia en las islas de Elba, Cerdeña y Sicilia.

El Reino Unido hace lo mismo en las islas del Canal. Dinamarca en las Feroe. Portugal dispone de normas reguladoras de la residencia en las islas de Madeira y Azores. Las islas Seychelles con una densidad de 175 hab. /Km… Las Fiji, con una densidad de 46 hab. /Km… Y los Estados Unidos en el Estado de Hawai, con una densidad de población de 189 habitantes/km2., con una cifra de turistas/año de 7 millones, mientras nosotros recibimos 12 millones de turistas/año con 9.000 km2 de superficie menos que el estado americano. Es cierto que el problema población/territorio en Canarias tiene mucho que ver con el modelo de crecimiento económico y el efecto llamada. Pero también lo es que Canarias importa más del 80% de los alimentos que consume, que depende, esencialmente, del sector servicios, el turismo, y que el modelo de gasto energético no es acorde con las posibilidades que el clima ofrece. Sin olvidar la lejanía activa – , en todos los sentidos, a la que son sometidas por parte del Estado.

De tal modo que hay que enfocar la solución en dos vías inherentemente unidas: por un lado, el establecimiento de una dinámica de cambio del modelo de crecimiento, que implique, además, un sistema energético alternativo al petróleo, y, por otro, el control del crecimiento poblacional, regulándolo mediante una ley de Residencia. Norma que es perfectamente viable en la legalidad española y europea, si se tiene la voluntad política de llevarla a cabo, en la consciencia de nuestra problemática singular archipielágica. Podemos inspirarnos en textos jurídicos como los norteamericanos, que impiden fijar residencias en territorios insulares si no se ajustan a las reglamentaciones específicas legisladas. O ampararnos en los contenidos jurídicos que la UE dispone para las regiones ultraperiféricas.

En cualquier caso es el Estado español el que debe tener la sensibilidad a la realidad canaria y la voluntad política necesaria para encontrar la resolución inmediata del problema poblacional de las islas, escuchando al Gobierno de Canarias, que cuando reclama prioridad de empleo a los canarios no hace otra cosa que conectar directamente con el sentir de esta Comunidad. La solidaridad de un pueblo concreto no debe entenderse como un concepto exógeno; comienza por mejorar la vida de sus ciudadanos y construir una sociedad mejor. Si no es así, con el agua al cuello, difícilmente podremos ayudar a otros.