J. L. LORENTE

MADRID. La estrategia del PP, de aquí a las elecciones, es arrebatar ciertas banderas que hasta ahora siempre han levantado sus adversarios socialistas. Prueba de ello es la proposición no de ley que registró ayer en el Congreso en la que se insta al Gobierno a iniciar, antes de las generales, los trámites que lleven a la ilegalización de todas las organizaciones – tanto de ultraizquierda como de extrema derecha – que fomenten el odio, el racismo y la xenofobia y actúen contra los valores constitucionales.

La iniciativa cogió por sorpresa al PSOE, que se apresuró a recalcar que para ilegalizar «hay que tener pruebas». Mientras tanto, IU aplaudió la medida y arremetió contra Interior por permitir la marcha «paramilitar» del pasado 18 de noviembre en homenaje a José Antonio Primo de Rivera. El encargado de presentar la iniciativa fue Eduardo Zaplana, quien demandó que se ilegalice a todos los grupos u organizaciones «fascistas, sean del signo que sean», que utilicen la violencia. Según explicó, el objetivo de esta proposición no de ley es hacer frente a los «hechos intolerables» que, según dijo, han tenido lugar en las últimas semanas.

Fiscalía especial

En concreto, Zaplana mencionó, equiparándolos, los «sucesos trágicos» que tuvieron lugar hace dos fines de semana en Madrid y este último en Barcelona, en referencia, respectivamente, al asesinato del adolescente Carlos Javier Palomino, presuntamente a manos de un militar simpatizante de Democracia Nacional, y a los disturbios con los que acabó la manifestación llamada antifascista del pasado sábado en la Ciudad Condal. En el texto que quiere someter a votación, el PP reclama que se cree una fiscalía especial contra la violencia motivada por la ideología, el racismo y la xenofobia.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Diego López Garrido, juzgó «obvio» que deben ser ilegalizados todos los grupos ultras que se amparen o utilicen la violencia, eso sí, siempre que «existan pruebas suficientes para ello». La ley – dijo – «es muy clara» en cuanto a la posibilidad de instar la ilegalización de formaciones políticas «cuando existe una reiterada, manifiesta y grave vulneración» de la legalidad.

Según los socialistas, existe la vía penal de ilegalización cuando hay comisión de delito, y la de instar a ello a través de la Abogacía del Estado o la Fiscalía General, ambas ejecutadas, por ejemplo, en el caso de Batasuna. Pero en ambos casos, subrayó el dirigente del PSOE, hacen falta pruebas suficientes de esa vulneración de la legalidad, porque la legislación protege y garantiza el ejercicio de asociación política.

Por último, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró un «grave error» que Interior haya permitido el pasado fin de semana la celebración de movilizaciones «de carácter paramilitar» en Madrid. Llamazares, que se olvida de lo ocurrido en Barcelona, dijo que este fin de semana en Madrid ha supuesto un «bochorno» para la democracia porque las convocatorias de la ultraderecha no se dan «en ningún lugar del mundo», ni Alemania ni Italia. Pese a que IU ha presentado su propio plan de lucha contra el fascismo, el racismo y la xenofobia – en el que no se llega a tanto como en la medida del PP de pedir la ilegalización – , la coalición celebra que los populares hayan lanzado una iniciativa como la presentada ayer.

Incidentes en Madrid

Por otra parte, ayer, 20 de noviembre, radicales de ultraizquierda provocaron destrozos en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras, grupos de nostálgicos del franquismo celebraron concentraciones en varios puntos de España, culminando así el calendario de actos que se inició el pasado fin de semana.