El rostro real de la inmigración: Cuatro trabajos y jornadas de casi trece horas de lunes a sábado por 850 euros al mes

VITORIA. Rosa Ortiz es paradigma de una jornada laboral brutalmente partida, quebrada, fragmentada por la tiranía de tener que asumir cuatro empleos para, migaja a migaja, ganar algo más de 850 euros al mes por casi 13 horas de trabajo diario de lunes a sábado. También es el rostro vital de una fría estadística: un tercio de los inmigrantes que viven en Euskadi son mujeres, latinoamericanas y trabajan en el sector doméstico, como es su caso. Cuidar niños, mayores o limpiar hogares ajenos es la única posibilidad de escape de la miseria para unas 35.000 personas que han viajado miles de kilómetros en busca de un horizonte esquivo.

Así llegaron Rosa y su marido a Vitoria desde Chile siguiendo los pasos de sus dos hijas. Seis años después, regularizados administrativa y laboralmente, cómodos a grandes rasgos en una sociedad “menos afectiva” que la suya pero en la que han forjado amistades y donde han nacido sus nietos; seis años después, la integración lograda se diluye cuando tropieza con obstáculos de la legalidad vigente, por ejemplo, no tener derecho al voto pese a pagar impuestos. También aumentan los recelos y se ve más lejana la inserción en la sociedad al comprobar los problemas que siguen teniendo otros inmigrantes para regularizar su situación. Por ello, Rosa arranca horas imposibles al reloj, entre trabajo y trabajo, para ayudar desde SOS Racismo a otros extranjeros.

Esta mujer sostiene que es cierto que no hay en Euskadi una animadversión general en contra de los inmigrantes, incluso – como apunta el informe de Ikuspegi presentado ayer, excusa para mantener esta conversación – un gran número de ellos están “relativamente bien”. Sin embargo, afirma que “hay otros muchos que están muy mal. Social, económica, laboralmente,… en todos los ámbitos. No están integrados porque la sociedad no se lo permite”.

El principal problema es que cualquier “intento de integración choca con la muralla china de una ley restrictiva”. Esos parias sobreviven gracias al apoyo de las organizaciones sociales y son repudiadas por el complejo entramado legal que tamiza quién tiene derechos y quién no. “Primero hay que estar empadronado, luego tener un trabajo de más de un año… Pero si no se ofrecen contratos de doce meses ni a los vascos”, lamenta.

La falta de regulación permite, según Rosa, la explotación laboral de los inmigrantes y, por tanto, la precariedad en su subsistencia diaria. Se trata de personas a las que tras realizar un trabajo no se les paga y que debido a la ilegalidad de su no contratación no tienen dónde reclamar. En esa situación inestable, “hay mucho más de un 22% de los inmigrantes”, afirma en referencia al dato que se desprende del resultado del Observatorio estadístico de la UPV y Gobierno Vasco.

Los problemas comunes a todos los ciudadanos se ven agravados con un acceso más restringido a profesiones liberales o a una vivienda digna o a un sueldo que no bordee la esclavitud. Rosa conoce alarmantes casos de discriminación: Estudiantes a los que no se les permite abrir una cuenta bancaria por no poder acreditar que tiene un contrato, peluqueras – hace ya algún tiempo – que se niegan a atender a inmigrantes, diferentes precios en establecimientos públicos para extranjeros…

Situaciones que impiden que la inmigración sea un paso, una acción que deja de tener efecto cuando concluye el viaje y el viajero se asienta en el destino. Situaciones que convierten la circunstancia del inmigrante en una profesión, en una forma de vida, en un estigma.