El Ayuntamiento de Donostia trasladó la notificación a los inquilinos la semana pasada

Donostia. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha iniciado el expediente para que se proceda al desalojo del antiguo instituto de Formación Profesional del barrio donostiarra de Martutene, ocupado desde hace meses por un centenar de rumanos.

Según informaron ayer a este periódico fuentes del Ejecutivo vasco, el trámite se inició la semana pasada, por lo que están a la espera de que se dicte una orden para que la Ertzaintza proceda a la desocupación del edificio.

Educación, no obstante, notificó la adopción de la medida al Ayuntamiento de Donostia, quien, a su vez, la trasladó a los ocupantes del inmueble, que desde hace meses reciben la atención de los técnicos municipales para buscarles una salida.

Ya antes, como recordó ayer el técnico de Inserción Social del Consistorio donostiarra, Antton Arka, se les había notificado la intención de proceder al desahucio. No obstante, no fue hasta la semana pasada cuando se informó de la medida adoptada por Educación de forma oficial.

Sin embargo, ni el departamento ni el Consistorio aclararon a este periódico en qué fecha se hará efectivo el desalojo, aunque Arka vaticinó que “tardará tiempo”.

Acogida de urgencia Mientras tanto, precisó que algunas de las familias rumanas que ocupan el inmueble se han acogido a los servicios de alojamiento de urgencia de los que dispone la capital guipuzcoana. En este sentido, recordó que el pasado día 15 se abrió un recurso en Zorroaga, el Neguko Aterpea, con 40 nuevas plazas destinadas a este fin.

Asimismo, señaló que algunas de las familias se están planteando “sus proyectos migratorios, ya que los deberán reorganizar e incluso algunos hablan de retornar a su país”.

Como adelantó este periódico, alrededor de una treintena de los inquilinos del antiguo instituto ya abandonaron hace dos fines de semana el recinto, advertidos por la intención de desocupar un inmueble que ha generado diversas quejas por parte de la vecindad.

Los habitantes del barrio han mostrado su preocupación por problemas de salubridad derivados del hacinamiento de estas personas y por presuntas prácticas fraudulentas en las que han incurrido los habitantes del edificio.