Los propietarios de las siete viviendas inspeccionadas en el casco antiguo de Xàtiva en las que malviven inmigrantes hacinados o en condiciones insalubres no han garantizado su arreglo o en su defecto su desalojo, en opinión de los responsables municipales, que han decidido, por ello, trasladar al juzgado la petición de que autorice al Ayuntamiento al cierre de las casas que no tienen condiciones de habitabilidad.

Así lo aseguró ayer la concejal de Sanidad e Inmigración, Yolanda Sipán, quien señaló que el Consistorio ha cumplido con los plazos que había dado para que los dueños de los inmuebles presentasen soluciones a los problemas y en vista de que no ha sido así se ha decidido recurrir a los tribunales.

Pese a que en la denuncia se ha englobado la totalidad de las casas inspeccionadas por los técnicos municipales, por las numerosas anomalías detectadas, Sipán indicó que no todas tienen las mismas malas condiciones y que en concreto hay una cuya planta baja “no es habitable, pero tienen buenas condiciones la segunda y tercera”.

Dado que algunas estancias comunican entre sí y que el propietario de la vivienda asegura que sólo ha cerrado una parte, porque en otra siguen viviendo personas, los responsables municipales han decidido englobarla con el resto, dijo Sipán.

Resaltó que los dueños de las casas “han reconocido que no tienen las condiciones que precisan y que su situación es un peligro para los que viven en ellas”, pero aún así no han actuado con la contundencia que se requería desde el Ayuntamiento, lo que ha motivado el acuerdo de pedir la intervención de un juez.

Este último se pretende que autorice la entrada de los responsables municipales en los inmuebles y proceda a ejecutar su cierre.

Tanto Sipán como el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Vidal, indicaron que la medida municipal no se dirige exclusivamente a inmigrantes sino también a españoles, ya que no se mira la nacionalidad sino la situación de las casas y que cumplan con la normativa para que no sean un peligro para sus ocupantes ni para el vecindario.


Continuidad

Vidal indicó que la intención del Consistorio es seguir actuando en el futuro en la misma línea, promoviendo inspecciones de casas en las que los técnicos detecten que no hay condiciones de salubridad o lo denuncien los propios vecinos.

Con ello se quieren evitar riesgos personales, a la vez que actuar “por el bien de la sociedad”, remarcó.

En una de las casas inspeccionadas, como se recordará, los técnicos detectaron que vivían 22 personas en un espacio apto sólo para 8, lo que da idea de las condiciones.

También se apreciaron tendidos eléctricos obsoletos en zonas húmedas, una cocina de gas improvisada en un patio sin las oportunas condiciones y otras situaciones de riesgo.

Vidal insistió que se trata de situaciones peligrosas que no se pueden ni de deben tolerar y que el Ayuntamiento ha de velar porque los ciudadanos tengan unas condiciones dignas en sus viviendas.

Una vez cumplido el proceso judicial “las casas que reúnan condiciones de habitabilidad se podrán ocupar sin problemas y las que no se precintarán”, aseguró este mismo edil.

Los inmuebles afectados por la medida se encuentran en las calles Corretgería, Matilde Ridocci y Bosch y en la plaza Padre Urios.

El objeto de la iniciativa es, además de velar por la seguridad de los vecinos, evitar la degradación del casco histórico setabense, que es una de las señas de identidad de la ciudad y un reclamo para los turistas, dado que en el mismo se encuentran los principales monumentos de la capital de la Costera.