El sistema de protección a la infancia es uno de los rompeolas en los que embiste con fuerza la injusticia y la desigualdad en nuestra sociedad. En las situaciones que se atienden por parte de los servicios de protección a la infancia se visualizan los fracasos de la sociedad a la hora de procurar el bienestar de sus ciudadanos. Sus miembros más débiles, niños y niñas, sufren las consecuencias de una sociedad adulta que, lejos de lo que se dice en los discursos, no coloca a la infancia entre sus prioridades. En pocos campos como en el de la protección a la infancia toma uno conciencia de las distintas realidades que pueden coexistir en un mismo territorio.

Al tener la oportunidad de ver de cerca esta verdad silenciosa que es la de los niños y niñas que sufren malos tratos o abandono, resulta increíble la débil conciencia social que existe sobre este problema, que es, al mismo tiempo, un problema relacionado con otros muchos problemas: marginación, desempleo, alcoholismo, drogadicción, enfermedad mental… tanto en su origen como en las consecuencias que provoca.

Pero es que, además, cuando alguna noticia relacionada con este tipo de situaciones sale a la luz, suele tratarse de expresiones extremas de violencia o abandono que son sólo una parte de los casos a los que nos referimos al hablar de la desprotección infantil, y que dejan en la sombra otras situaciones mucho más numerosas en las que los padres, las familias de estos niños, no saben o no pueden atenderles como precisan. Como afirmaba Jaime Funes, «en condiciones normales parece que la infancia no existe. Sólo existen los dramas de la infancia».

Cuando todavía seguimos intentando mejorar la adecuación de los recursos a las necesidades de los niños y niñas que venimos atendiendo, surgen, como consecuencia de fenómenos mundiales como los procesos migratorios en contextos muy difíciles y hacia sociedades que endurecen sus condiciones de acogida, nuevos grupos que pasan a formar parte de quienes necesitan ser atendidos por los recursos de protección.

Me refiero aquí, por una parte, a los llamados menores extranjeros no acompañados, que en gran número reclaman ser atendidos en servicios de protección, incrementando la necesidad de plazas en centros de primera acogida y en recursos residenciales. Pero también están los hijos e hijas de familias que han emigrado para abandonar países en extrema pobreza y que tienen que desarrollar trabajos cuyas condiciones muchas veces hacen incompatible la atención y cuidado de su prole. Así, un buen número de niños y niñas de estas familias están creciendo en circunstancias muy difíciles, donde la falta de supervisión es uno de los mayores problemas, afectando de forma severa a su seguridad y a su bienestar. En la medida en que no se desarrollan servicios que atiendan estas situaciones y prevengan el agravamiento de estados de negligencia, pasan a ser destinatarios de la atención de los servicios de protección, de forma que vuelve a hacerse presente una demanda que parecía haber quedado en el pasado: la de que sean acogidos en recursos de protección niños y niñas por causa de dificultades económicas, de vivienda o, en definitiva, de medios materiales por parte de sus padres.

El modelo de sistema de protección de la infancia y la adolescencia desarrollado en Gipuzkoa, a pesar de las tensiones y las dificultades fruto de su necesaria adecuación a estas nuevas necesidades, es rico y dinámico. Se sostiene en el esfuerzo de un gran número de profesionales, educadores, personas voluntarias, familias… que entre todas intentan ofertar un marco protector que garantice los derechos de todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes.

Las necesidades están cambiando, porque está cambiando la familia, así como la sociedad en la que ésta se enmarca. El papel de los niños y las niñas ha cambiado. Han cambiado nuestras actitudes y nuestras percepciones hacia ellos y ellas. Por eso mismo nos autoexigimos un esfuerzo añadido para poder mantener los niveles de calidad en la intervención que sinceramente creo que hemos alcanzado. A veces, desgraciadamente, se puede fallar y los medios reflejan con descarnado trazo sus terribles consecuencias.

Es tarea de todos garantizar el bienestar de nuestros niños y niñas. No sólo de las familias, de sus padres y madres, ni sólo de la Administración. Es responsabilidad de todos y todas. A fin de cuentas, «tratar bien a los niños y niñas es uno de los pilares fundamentales para lograr una humanidad más sana, más solidaria, más feliz y menos violenta» . ¿Es este un objetivo al que podemos renunciar?