El Ejecutivo estudia si suprime o no la moratoria que impide a los ciudadanos de este país ser contratados libremente hasta 2009 Los rumanos se han pasado los últimos meses entre desalojo y desalojo, errando por media España en busca de vendimias y bajo la amenaza de la ley italiana que pretende expulsar a todos los inmigrantes que sean considerados un peligro social. Ahora han decidido unir todas sus fuerzas para arrancarle al Gobierno ciertas garantías de estabilidad y convencerle para que suprima la moratoria que les impide ser contratados con los mismos derechos que otros ciudadanos comunitarios hasta que no llegue 2009.

El presidente de Rumanía, Traian Basescu, vendrá a España en visita oficial el próximo día 26, según confirmaron ayer fuentes diplomáticas de ese país. Uno de los asuntos que abordará con las autoridades españolas es la necesidad de eliminar esta moratoria. «Se trata de un tema prioritario para nosotros», recalcaron las mismas fuentes.

Además, 91 asociaciones de rumanos han enviado una carta al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para expresarle su «malestar frente a una situación que afecta negativamente, muchas veces de manera dramática, a las vidas de los rumanos que viven en España» y pedirle que reitere «una moratoria que no ha hecho nada para servir a los intereses de la sociedad española, sino todo lo contrario».

Precisamente en los próximos días, el Gobierno tiene previsto estudiar los efectos de esta moratoria y, en función de las conclusiones a la que llegue, acordará la continuidad o la finalización de la misma.

Cuando el Consejo de Ministros aprobó, a finales de 2006, el establecimiento de este periodo transitorio de dos años que impide la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros (que ingresaron en la UE el pasado 1 de enero), dispuso también que, al cabo de un año, se reconsideraría este plazo. Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron que es ahora – de aquí a que termine 2007 – cuando el Ejecutivo tiene que revisar la moratoria, aunque todavía no hay una decisión tomada.

Por un lado, la amenaza de un posible efecto llamada hace muy difícil que se suprima. Por otro, ha quedado suficientemente claro a lo largo de este año que la moratoria ha fomentado la clandestinidad.

La moratoria permite trabajar a los rumanos y a los búlgaros, siempre y cuando la persona que quiera contratarles solicite una autorización por escrito al Ministerio de Trabajo. En la práctica, los empresarios prefieren contar con ciudadanos de otras nacionalidades a los que no se les exigen tantas formalidades.

«Desde que se solicita el permiso hasta que se obtiene pasan alrededor de 10 meses. Al final, la mayoría pasa a englobar las filas de la economía sumergida», explica Daniel Tecu, presidente de la Asociación para el Desarrrollo Económico y Cultural Rumano (Adere). Esta asociación cifra en 800.000 el número de rumanos residentes en España: los 524.995 oficiales que aparecen en el padrón municipal más 300.000 sin papeles que trabajan ilegalmente, en parte por culpa de la moratoria.

«Significa que tenemos derecho a residir en España, pero no a trabajar. Es como si nos dijeran: ‘Sois europeos, pero no tanto como nosotros’», se queja Gelu Vlasin, portavoz de la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (Fedrom).