A los desaparecidos falangistas ha debido de motivarles un frío siberiano para hacer una marcha hacia el Valle de los Caídos donde la Ley de Memoria Histórica espera se devuelvan a sus familias los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera que no han de estar ahí por sus connotaciones radicales. Los falangistas se mienten a sí mismos conmemorando el asesinato (sic) de Primo de Rivera en Alicante, cuando fue ajusticiado legalmente por un tribunal regular que le condenó a muerte por rebelión contra el Estado republicano. La II República no era abolicionista, y menos en 1936. En 1932 pidieron a Franco solidaridad con el general Sanjurjo (la sanjurjada) que dio un golpe de Estado de chicha y nabo para resucitar la monarquía. Franco contestó: «Se ha ganado el derecho a que le fusilen». Luego Azaña le indultó y habría sido el Generalísimo si su avioncito no se hubiera estrellado contra unas bardas en la Raya de Portugal donde vivía exiliado. Franco, que despreciaba el fracaso, debió de pensar lo mismo de su compañero de muerte tras el altar de la basílica de Cualgamuros: que José Antonio se había ganado el derecho a ser pasado por las armas. Hijo de dictador, homosexual en el armario y crecido a la sombra del emergente nazifascismo europeo, Primo de Rivera atacó la democracia desde su discurso fundacional de La Comedia, y al pistolerismo de las izquierdas contestó con el pistolerismo de la Falange, fuerza de choque de la derecha más cerril. Se defendió él mismo y vio tan difícil su juicio que llegó a ofrecer la cabriola de ir a zona nacional a retirar a los falangistas de las trincheras regresando de nuevo a la zona republicana. Ya se habría encargado Franco de que le alcanzara en la cabeza alguna bala perdida.

Los falangistas son un cero a la izquierda, pero son aliados objetivos de todos los antisistema que van del movimiento okupa a los antiglobalización y todos reparten destrozos, invierten las cargas policiales dejándoles heridos y tiran de cuchillo contra el que les mira mal. Según fuentes policiales, entre ultraderecha y ultraizquierda no suman más de 800 extremadamente violentos y 2.000 militantes de infantería; electoralmente el cero absoluto; extraparlamentarios de vocación. Sólo les salva una escuela, un trabajo y una buena novia a ser posible gallega. Y es que el problema de nuestros violentos es social antes que político. Entre familias que limiten sus funciones y el fracaso escolar se disuelven en el grupo con más banderas que pensamiento. A todos les pasa lo mismo que a José Antonio: que, expulsados de la plaza pública por el Frente Popular, se echaron al Gólgota donde se matan españoles.