“Las mujeres chinas, dedicadas prioritariamente a la hostelería, pueden asistir a clase entre las 16 horas y las 18 horas; las senegalesas, dedicadas al comercio en el mercado, después de las 15 horas; las magrebíes, dedicadas en su mayor parte a las tareas domésticas; a partir de las 17 horas…”. Y así, hasta lograr cuadrar una franja horaria para estudiar que “respete los horarios laborales” de los distintos grupos que integran un aula de adultos, procedentes de una treintena de países de los cinco continentes, con sus diferencias de estatus jurídico y económico.

Ésta fue la primera tarea – más que compleja – que tuvo que abordar el curso 1998 – 1999 el Centro de Formación de Personal Adultas Vicent Ventura, impulsado hace ya 12 años por CC OO, al amparo de la Ley de Formación de Personas Adultas (FPA) aprobada por las Cortes en 1995. “Un año en el que”, como recuerda el director, Francisco López, “el centro vivió un gran salto, pasando de 15 alumnas extranjeras a 221 adultos procedentes, en su mayoría, de países del Este de Europa”. Los “nuevos alumnos” – canalizados por el Centro de Acogida de Refugiados de Mislata y ONG como Valencia Acoge – eran fundamentalmente “mujeres con un bajo nivel de formación y graves dificultades de lecto – escritura”.

“El aumento vertiginoso de inmigrantes hacia nuestro país, con el consiguiente incremento de la demanda de clases de español, hizo que la confederación estatal integrara el proyecto a la iniciativa europea Integra”, sostienen Teresa Hermoso y José Beltrán Llavador de la Universitat de València y autores del estudio Nosotros como los otros.

Al estar sujeto a normativa europea de formación, el centro se enfrentó a nuevos retos de “carácter organizativo y burocrático”, explican. “De hecho, mientras la normativa exigía que un 75% de los estudiantes fueran legales, la realidad demostraba que la mayor parte eran sin papeles, lo que dificultaba la evaluación externa de la formación, para lo cual había que lograr la regularidad de la asistencia a las clases”, apuntan. Este contexto forzó que el centro – y la coordinadora de centros de FPA de Valencia – instaran a la Generalitat a legalizar “el acceso a la formación de los inmigrantes” mediante el decreto 220/99.

La iniciativa europea aportó, pues, al centro otra visión. Logró, además de abrirse a las actividades de Formación Profesional y la incorporación de profesorado específico, revertir una situación dramática: la inserción profesional de los inmigrantes. Y con ello, el reto de pasar de estudiantes sin papeles, a trabajadores legales y cualificados.