La confluencia entre la Gran Vía y la calle Montera presentaba ayer un aspecto distinto al habitual. A las 17.00 horas, decenas de antidisturbios equipados con escudos y escopetas habían tomado la zona. Esperaban una batalla campal que nunca tuvo lugar. Uno de los bandos no apareció.

«¿Donde está la gente de Alianza Nacional?», se preguntaban los agentes de la ley. La formación ultraderechista había convocado una concentración «en favor de los trabajadores españoles y contra la inmigración». A escasa distancia, otra manifestación de antifascistas se celebraba en la Puerta del Sol. Ninguno de los dos actos tenía autorización de la Delegación del Gobierno.

No obstante, la calle no perdió su ritmo habitual. Las prostitutas se dedicaban a su negocio sin prestar excesiva atención al overbooking de policías nacionales. Mientras, numerosos aficionados suecos se paseaban por la zona, esperando a que empezara el partido de la Eurocopa. Muchos pensaban que la inusual actividad policial se debía a ellos.

Los representantes políticos de Alianza Nacional ofrecieron una rueda de prensa para explicar su decisión de no acudir al acto. «Habíamos pedido permiso pero, tras la muerte de un joven de extrema izquierda en Legazpi el pasado domingo, se nos retiró la autorización», informó Eduardo Clavero, coordinador nacional de la formación política.

«El Estado de Derecho ha fracasado, nos han prohibido ejercer nuestro derecho a manifestarnos por algo que ocurrió otro día, en otro lugar con un partido distinto al nuestro (refiriéndose a Democracia Nacional)», denunció. Clavero añadió que su formación no había tenido nada que ver con la muerte de Carlos Javier Palomino. «Estamos pagando los platos rotos», se lamentó.

Alianza Nacional destacó que son una formación política legal y que aceptan las reglas de la democracia. «Al contrario que las bandas de extrema izquierda, nosotros respetamos la legalidad», indicó Clavero.

El representante de la formación lamentó que el Gobierno «haya cedido al chantaje de las bandas de ultraizquierda» y aseguró que convocarán nuevas manifestaciones para protestar contra «los cuatro millones de inmigrantes que producen desajustes socioeconómicos en la sociedad española», concluyó.

Mientras tanto, los comerciantes de la calle Montera respiraban aliviados ante la paz de la que disfrutaban. «Por un momento pensé que mi tienda se iba a convertir en escenario de un campo de batalla», manifestó el propietario de un comercio.