¿Cómo prueba una persona que es pobre cuando ni siquiera puede demostrar su identidad? Este es el dilema que enfrentan innumerables latinoamericanos cuando quieren inscribirse en programas sociales. La región ha venido modernizando los mecanismos de administración de tales programas y la presentación de documentos de identidad suele ser requisito para participar en ellos. Lamentablemente, muchas de las personas más desamparadas carecen de documentos oficiales y por lo tanto quedan excluidos, aunque no intencionalmente, de los programas de asistencia social.

Los administradores de programas sociales también enfrentan una disyuntiva: ¿cómo evitan que los beneficios vayan a gente que no los necesitan y, al mismo tiempo, garantizar que las personas realmente necesitadas sean atentidas? Para ahorrar recursos y reducir los riesgos de corrupción, los tecnócratas promueven salvaguardas como verificar que los beneficiarios cumplan con ciertos requisitos, como presentar documentos de identidad. Para demasiadas personas, especialmente las más desprotegidas, esto es una imposición extremadamente difícil de cumplir.

Este drama es tema de análisis de ¿Los de afuera? Patrones cambiantes de exclusión en América Latina y el Caribe, un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque no hay soluciones fáciles al problema, el trabajo propone alternativas para que los gobiernos enfrenten con mayor éxito el desafío de prestar servicios sociales eficaces y justos.

Según UNICEF, aproximadamente el 15% de los niños latinoamericanos menores de cinco años carecen de partida de nacimiento debidamente inscrita.

Aunque no se dispone de un cálculo para la población adulta de toda la región, solamente en Perú había unos 1.5 millones de adultos indocumentados en 2005. Los sectores tradicionalmente excluidos, como ciertas minorías raciales y étnicas, tienden a exhibir niveles mayores de indocumentación. Los niños de hogares más pobres tienen menos probabilidades de estar inscritos en los registros civiles.

Los programas de transferencias de dinero condicionadas, tan en boga, topan con dificultades a medida que adoptan nuevas tecnologías de gestión y distribución de beneficios. Por ejemplo, al aplicar procedimientos de preselección y verificación, los programas con requisitos de identificación relativamente estrictos han excluido de hecho a personas indocumentadas.

Otros programas han adoptado enfoques más flexibles, incorporando la emisión de documentos de identidad a su misión. Las iniciativas más ambiciosas se han dado en Chile, Argentina y Perú. En el primer año de su Programa Puente, la iniciativa Chile Solidario expidió más de 26,000 documentos de identidad. El Plan Familias en Argentina desarrolló procedimientos para ayudar a beneficiarios a obtener documentos de identidad. En el primer año del programa Juntos, Perú resolvió 85% de los 15,000 casos de madres e hijos sin documentos de identidad.

La exclusión también se puede acentuar cuando se busca optimizar los programas sociales, por ejemplo, cuando se distribuyen subsidios a través de instituciones financieras. Por lo general, en América Latina los bancos exigen documentos oficiales para muchos trámites. Los pagos electrónicos son más eficientes que los desembolsos en efectivo, pero pueden terminar excluyendo a personas indocumentadas.

Desde luego, los programas sociales deben modernizarse continuamente. Pero mejor es combinar estas iniciativas con reformas para ampliar la cobertura. Hasta que los países consigan documentar a todos sus ciudadanos, los programas sociales deben tener el buen cuidado de no excluir a quienes más los necesitan.

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(*) Las opiniones expresadas en este artículo son de la autora y no necesariamente coinciden con posiciones del BID.