El alcalde de Poio anunció ayer, tras analizar con los servicios jurídicos el último auto judicial que establece un plazo de diez días para ejecutar los derribos de chabolas de O Vao, que las demoliciones previstas serán «unha actuación global que vai afectar ás sete vivendas que nos quedan». El Ayuntamiento calcula que la actuación conjunta puede realizarse en una misma jornada, sobre todo teniendo en cuenta que las siete chabolas se ubican en el poblado de O Vao de Abaixo: «Os técnicos nosos e a empresa que foi adxudicataria para facer as demolicións considera que un día é suficiente».

Todo vez que el ultimátum judicial se cumple el próximo 23 de noviembre explicó que la cuenta atrás comenzó el pasado martes, día en el que la resolución fue notificada al Concello de Poio, el regidor municipal añadió que la intervención no se va a realizar en los próximos días, sino que se va a aguardar hasta la semana que viene. «O que non vou a dicir neste momento é o día porque realmente non o establecemos», precisó en relación con esta polémica actuación.

Además, el regidor municipal matizó que la fecha concreta se tiene que comunicar a las familias afectadas con dos días de antelación «para que desaloxen as vivendas», así como que se tiene que advertir a la empresa que ejecute los trabajos «para que teña tempo para desprazar á maquinaria que necesite» y a la Subdelegación del Gobierno «pedindo o que eles consideren necesario para facer a actuación».

En este punto, Luciano Sobral aún tiene esperanzas de que se puedan negociar in extremis el realojo de las siete familias de etnia gitana, aunque de no llegarse a un acuerdo con ellas espera que los derribos se puedan llevar a cabo «da maneira o máis civilizada posible». El objetivo es que las demoliciones se puedan efectuar sin incidentes, como en los cuatro casos precedentes en los que si la negociación con los residentes de las viviendas llegó a buen puerto con la reubicación de estas personas, ya fuera en chabolas de familiares o en régimen de alquiler.

En principio, todo parece apuntar a que esta salida negociada no va a ser posible en los casos que quedan. A la vista de esta situación, es posible que se tenga que reforzar la presencia policial en la zona para garantizar que los derribos se puedan ejecutar sin mayores incidentes.

En este punto, días atrás, el subdelegado del Gobierno precisó en Radio Voz Pontevedra que, «en cuanto a la ejecución de la sentencia, el alcalde sabe que por parte de la Subdelegación del Gobierno, como no podía ser de otra manera, tendrá el apoyo y el refuerzo de la Guardia Civil que precise en cada momento». En este sentido, Delfín Fernández puntualizó que «la responsabilidad directa que tenemos es sobre la seguridad ciudadana», al tiempo que defendió que la situación de O Vao es «un problema complejo porque no está siendo fácil encontrarle una solución».