En los pocos metros cuadrados de un olivar pacense malvivían 2.000 rumanos al aire libre, sin agua, sin luz, sin colchones donde dormir… Ahora, no hay nadie. Sólo toneladas de basura. La cuarta parte de ellos se ha marchado a su Rumanía natal. Otros 500 han cargado sus tiendas de campaña en carros y se han plantado en la provincia de Córdoba. Y el resto, unos 1.000, han movido su residencia unos kilómetros más al norte, creando un nuevo campamento en las mismas condiciones.

La orden de desalojo llegó hace dos semanas desde la Subdelegación del Gobierno, después de que el propietario del olivar denunciara la ocupación de sus tierras el pasado 15 de julio. La Guardia Civil y un equipo de la Consejería de Igualdad informaron a los ocupantes de que, si no se iban esta semana, recurrirían a las Fuerzas de Seguridad.

La Policía Municipal de Santa Marta de Los Barros (Badajoz) denuncia que lo que se ha hecho es «reventar una concentración de personas rumanas y repartirlas por los alrededores». Y añade: «Con esto no se soluciona el problema. Sólo se ha maquillado lo que ocurría en Santa Marta y se ha pasado la pelota al vecino».

Mientras, Mérida observa cómo aumenta el número de ciudadanos rumanos en sus alrededores, en el municipio de Calamonte y Arroyo de San Serván. En la comisaría de la Policía Nacional crecen también los certificados de registros. Desde la Brigada de Extranjería definen la llegada de estos ciudadanos europeos como «una avalancha». En las últimas tres semanas han tramitado 600 solicitudes de rumanos, aunque esperan que el número sea mayor porque «los niños, aunque pueden solicitarla, no lo han hecho aún». La Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno se han reunido para preparar próximas campañas agrícolas y, entre otras medidas, fomentar albergues dignos para los temporeros, iniciativa que ya han acordado los empresarios para que los contratados vivan en condiciones «mejores a las de este año».