UN muchacho de dieciséis años, que había acudido a una concentración antifascista que protestaba contra otra manifestación de extrema derecha organizada por Democracia Nacional, cayó asesinado el pasado domingo en un vagón de metro de Madrid por un navajazo asestado por un joven nazi de 24 años, soldado profesional y habitual de las expansiones callejeras de ese signo. Como es fácil de imaginar, este asesinato ha encrespado los ánimos de los radicales de uno y otro signo en vísperas del 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco y del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, el partido fascista español cuyo ideario fue adoptado por los ‘nacionales’ en la guerra civil

Ante el riesgo evidente de que en próximas fechas se produzcan nuevos enfrentamientos violentos, la delegación del Gobierno de Madrid está utilizando todos los instrumentos jurídicos a su alcance para prohibir las manifestaciones de radicales que soliciten autorización para celebrarse en estas fechas señaladas; sin embargo, en uno de estos sinsentidos con que a veces nos obsequia el sistema judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado una manifestación de Falange que arrancará en Madrid y concluirá en el Valle de los Caídos y que se intitula como «homenaje a José Antonio asesinado por los socialistas en el 36». Asombroso. La decisión del tribunal es firme y no es recurrible.

A juicio de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, es alarmante el crecimiento de la militancia de las organizaciones de extrema derecha, que explotan el temor que engendra en determinados sectores sociales la llegada de la inmigración y que están adquiriendo una creciente presencia en la calle. La naturaleza antidemocrática de tales organizaciones es incuestionable.

El papel de los jueces consiste en preservar las esencias del régimen constitucional, pero los grandes derechos civiles no son ilimitados: han de encajar unos con otros. Y si mediante una Ley de Partidos impecablemente constitucional hemos conseguido eliminar de la legalidad aquellas formaciones claramente vinculadas a organizaciones terroristas, parece lógico ponderar la posibilidad de prohibir tanto los partidos que nieguen y combatan los derechos humanos protegidos constitucionalmente como las manifestaciones de las organizaciones de cualquier clase que asimismo atenten contra los grandes principios humanistas sobre los que se asienta la cultura democrática imperante en nuestro ámbito occidental.

En definitiva, se hace necesario plantear y madurar los grandes consensos que desemboquen en una legislación que, sobre la base de la actual ley de Partidos, marginalice y excluya a las organizaciones nazis y fascistas que pretenden introducir de nuevo las mismas cuñas que provocaron no sólo el Holocausto sino la horrísona tragedia de la Segunda Guerra Mundial. No ha temblar la mano de los demócratas a la hora de llevar a cabo tan pertinente y necesaria cirugía, que ha de concluir antes de que se nos envenenen la calle, la política y la cátedra.