Interior estudia prohibir las protestas antirracistas tras el asesinato de Madrid

El Partido Popular apoya la ilegalización de partidos 'ultras' que amparen la violencia

Diario Vasco, MELCHOR SÁIZ-PARDO, 13-11-2007

MADRID. DV. El Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Madrid estudian prohibir próximas manifestaciones contra la inmigración previstas en Madrid, a pesar de que las protestas estén convocadas por partidos legales de ultraderecha inscritos en el registro oficial. La orden de examinar de cerca estas convocatorias parte del propio titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de que el domingo un joven de 16 años fuera apuñalado en el Metro de Madrid por un soldado ultraderechista. La muerte se produjo durante una pelea ocurrida momentos antes de la celebración de una manifestación xenófoba organizada por Democracia Nacional en la barriada de Usera bajo el lema Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración.

La primera protesta que podría ser proscrita es la convocada por Alianza Nacional el próximo sábado bajo el lema Stop: La inmigración destruye tu futuro. La marcha pretende recorrer el centro de Madrid . La delegada del Gobierno en la comunidad, Soledad Mestre, aseguró que esta marcha «podría ser prohibida si la legalidad lo permite».

Fuentes de su departamento explicaron que esta manifestación podría no ser autorizada con base en los informes policiales que apuntan a que, tras el asesinato del joven Carlos Javier Palomino, «ha aumentado el riesgo de incidentes, con peligro para las personas y los bienes». Otras dos convocatorias de corte ultraderechista, una de ellas la de Falange Española, que el mismo sábado quiere conmemorar el asesinato de Primo de Rivera, también están siendo analizadas en detalle.

A pesar de que el lema de Alianza Nacional deja pocas dudas sobre el carácter xenófobo de la convocatoria, Interior y la Delegación del Gobierno reiteran que no pueden prohibirse las marchas si éstas no incitan a la violencia o si no están organizadas por colectivos alegales o ilegalizados por sentencia judicial, tal y como ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A pesar de estos problemas legales, numerosos colectivos sociales reclamaron a Interior la prohibición de cualquier marcha de ultraderechistas. El PP se mostró favorable a ilegalizar a las formaciones ultras que amparen la violencia. Ángel Acebes, señaló que «si hay un partido que vulnera la ley, habrá que dejarle al margen». COLPISA

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