almería. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, aseguró ayer que más del 17% de los nuevos nacidos en el Estado español son hijos de padre o madre de origen extranjero, una cifra muy alejada del 4% de hace diez años.

Rumí señaló, en su intervención durante la clausura del II Congreso Internacional Educación Intercultural: Ciudadanía, Participación y Democracia, que la nueva realidad española hace necesario gestionar la diversidad en base a la “educación, la ciudadanía y la interculturalidad”, ejes de la política que está desarrollando el Gobierno español.

Para la secretaria de Estado, la capacidad “integradora” de un país para gestionar la nueva diversidad que lo compone es el factor clave para evitar situaciones como la crisis francesa de 2005, que sirvió según la responsable de Inmigración para dar luz sobre las graves consecuencias de la “cristalización” de bolsas de marginalidad con escasas o nulas posibilidades de movilidad social. Las carencias en materia de integración no son coyunturales, según Rumí, sino que se cimentan a lo largo del tiempo y están íntimamente relacionadas con la exclusión social.

Por ello, dijo, el proyecto del Gobierno habla de ciudadanía, y no concibe la política migratoria como una serie de medidas para “privilegiar al inmigrante” sino para garantizar la igualdad de oportunidades.

Hay que anticiparse a los conflictos para evitar el surgimiento de problemas relacionados con la cohesión social, y por ello el proyecto ha de ser “global y coherente” además de contar con una dotación económica como la actual que es de más de 2.000 millones de euros porque para Rumí, sin recursos las políticas de integración son de “escaparate”. Explicó que los diferentes modelos de integración europeos de las últimas décadas han fracasado y por ello es necesario un modelo más “flexible y adaptable”, capaz de integrar a los inmigrantes y los nacionales y trabajar en “prevención y refuerzo educativo”, algo que se está realizando en base a un fondo creado en esta legislatura con la colaboración entre el Ejecutivo español y los autonómicos.