El colectivo Cárpatos pide “una oportunidad” para los inmigrantes de este país

Donostia. Defiende que se castigue a quienes cometan delitos, pero pide que no se juzgue por ello a todos los rumanos que tratan de ganarse la vida lejos de sus ciudades de origen. “Por una persona no puedes echar a un país entero”, asegura. Es Aurel Toma, presidente de la asociación Cárpatos de Euskadi, encargada de asesorar a los numerosos ciudadanos llegados a la CAV desde Rumanía. En Gipuzkoa, precisa, esa cifra se situaba entre los 1.000 y los 2.000 en el padrón de hace un año, con las comarcas de Goierri – muchos de ellos trabajan en tareas forestales – y Donostialdea como principales focos de concentración.

Aurel conoce bien los casos de ciudadanos que viven en edificios abandonados, como sucede en el antiguo instituto de Formación Profesional de Martutene. En ese tipo de asentamientos, dice, coinciden tanto personas dispuestas a integrarse en un núcleo urbano como otras que no lo están. Es por estas últimas por las que valoraría positivamente el posible cierre del inmueble.

“Por una parte me parece muy bien porque muchos de ellos son chatarreros a los que, aunque ganan un dinero, no les gusta pagar un alquiler”, señala. Argumenta, a modo comparativo, que él mismo ha tenido que luchar muy duro para poder cumplir con una situación regulada. “Yo tengo muy poco dinero. Cuento con un negocio que abrí sin un céntimo en el bolsillo. Aguanté seis meses sin poder enviar siquiera 50 euros a mis hijos para poder pagar así los gastos y el alquiler. Pero no todo el mundo lo hace así. Hay a quien no le gusta y es en ese sentido en el que me parece bien que se les quite de ahí”.

No obstante, matiza, también conoce a gente que ocupa este tipo de edificios en desuso y estaría dispuesta a trasladarse a algún piso de acogida. “Sí, creo que sí la hay”. Además, solicita una oportunidad a la sociedad guipuzcoana para que los ciudadanos rumanos puedan integrarse entre la misma. “Hay que colaborar y decirles a los ciudadanos que somos los mismos. Hablamos diferente, pero aprendemos igual y pensamos casi igual que ellos. Pido una oportunidad para todos. Haciendo las cosas el uno por el otro, se puede mejorar”.

Insiste, por ello, en no meter a todos sus compatriotas dentro del mismo saco. “A la gente que hace mal, échale, métele en la cárcel o donde tenga que estar. O a la gente que está pidiendo, que la administración la saque de ahí. Pero que eso no afecte al resto. Por una persona no puedes echar a un país entero”.

proyectos sin apoyo Aurel incide, asimismo, en las barreras con las que se encuentran los ciudadanos de su país para encontrar trabajo. “Cada día me encuentro con gente que me pide trabajo. ¿Pero, de dónde lo saco?”, comenta. “Estuve intentado abrir puntos de trabajo en toda la CAV – prosigue – , pero nadie me puede ayudar con un local. Faltan apoyos. Hay que tener un año de empadronamiento para recibir la renta básica, justificar que tienes un piso alquilado… cuando resulta que no lo puedes tener porque la inmobiliaria no te deja y los propietarios no quieren”.

Cita, a modo de ejemplo de las dificultades laborales que sufren, las complicaciones que le han impedido poner en marcha un plan de trabajo.“No hay facilidades. Se conceden cursos pero cuando se habla de trabajo, nada.Yo tengo un proyecto de cursos de formación profesional que se ha quedado en nada porque nadie lo quiere subvencionar. Y es un proyecto por el cual luego se podría emplear a gente con contrato indefinido”, se lamenta.

comunitarios Aurel confía en que se reduzca el plazo de la moratoria de dos años para que los ciudadanos rumanos – y búlgaros – adquieran plenamente todos los derechos laborales inherentes a su condición de comunitarios. La misma, anunciada el pasado mes de enero, puede verse rebajada en un año en función de cómo evolucione el impacto en el mercado laboral interior, y establece limitaciones para los trabajadores por cuenta ajena, es decir, no quedan incluidos los autónomos.

El presidente de Cárpatos asegura, por último, que la salida de su país no es del agrado de los numerosos rumanos que lo hacen – muchos de ellos tienen que dejar atrás a sus hijos – , pero también que, en ocasiones, es la única opción. “También allí hay una política muy mala que no se entiende bien en democracia. Un director de empresa o un ingeniero pueden cobrar 5.000 o 6.000 euros y un trabajador, que sube la economía del país, 200 euros. Salimos de casa porque tenemos familia y hay que ganarse la vida. Y tenemos que salir de Rumania, porque, si no, no haces nada”.