La Generalitat está negociando con el Gobierno central el traspaso de la gestión de los permisos iniciales de trabajo para inmigrantes que trabajen en Cataluña, de acuerdo con el Estatuto. La renovación de este permiso seguirá como hasta ahora en manos del Ministerio de Interior.

Fuentes del Gobierno catalán señalan la dificultad del proceso debido a la implicación de cuatro ministerios distintos: Administraciones Públicas, Trabajo, Interior y Asuntos Exteriores. Pero la Generalitat confía en alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de Zapatero antes de las elecciones generales de marzo. El traspaso efectivo de las competencias se producirá más adelante.

Los dos grandes puntos que se debe pactar son, primero, qué tipo de colaboración se establece entre ambas administraciones para que la información fluya con agilidad y, segundo, si el traspaso también es válido para el sistema de contingentes, una de las dos vías para contratar trabajadores extracomunitarios. La mayoría de empresas optan por el procedimiento general, que es nominativo: reclaman a personas con nombre y apellidos, que conocen a través de ETT, otros empleados o sus propias filiales. En 2006 se resolvieron 45.141 expedientes en Cataluña. Otras optan por el contingente, previsto para demandas de más de 10 trabajadores. El cupo propuesto para Cataluña en 2008 es de 6.369 personas

Además de peones para la construcción y de peones agrícolas para recoger fruta en Lleida, las profesiones que cuesta más cubrir en la provincia de Barcelona – de donde procede el 80% de las solicitudes de permiso – son enfermería, camareros, cocineros, auxiliares de enfermería y geriatría, y dependientas.

Con el traspaso, el Departamento de Trabajo espera que se agilice el proceso desde que una empresa solicita contratar a un trabajador extranjero, hasta que éste obtiene el primer permiso, que ronda los seis meses. Luego hay que añadir el tiempo en que los dos países se ponen de acuerdo para la concesión del visado. Trabajo aumentará el número de centros desde donde los empresarios podrán tramitar las autorizaciones. El departamento que dirige Mar Serna puede destinar las 72 oficinas del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC, en sus siglas en catalán), el antiguo Inem; hoy los permisos sólo se pueden tramitar desde la Delegación del Gobierno en Cataluña y las subdelegaciones provinciales.

Otro traspaso que prevé el Estatuto en materia laboral es el de las tareas de inspección; es decir, que los inspectores dependan orgánica y funcionalmente del Gobierno catalán. Esta negociación se dejará para después de las elecciones. Se da la circunstancia de que hoy las empresas catalanas pueden recibir dos inspecciones: una de cuerpos del ministerio y otra de técnicos de la Generalitat. “Queremos que sólo se haga una”, ha reiterado en varias ocasiones Serna, que también se queja de la falta de inspectores en Cataluña: hay 124, además de otros 130 subinspectores. “Estamos bajo mínimos”, protesta la consejera. Por este motivo, la Generalitat ha habilitado 50 técnicos de su departamento, pero éstos no tienen capacidad sancionadora.