El secretario general del PSC y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Fernando López Aguilar, insta a sindicatos y trabajadores del sistema educativo canario a llevar a los tribunales a la Consejería de Educación por «el ilegal malgasto de dinero público» contra un derecho fundamental.

El dirigente socialista pidió ayer a los docentes canarios que respondan así a la publicidad contratada en todos los periódicos locales por la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito, para explicar sus argumentos en contra de las demandas de los profesores. Para López Aguilar, el Ejecutivo hace un «ejercicio perverso» del dinero público, ya que «lo malgasta» en una campaña contra el ejercicio del derecho a la huelga. Además, manifestó el apoyo del Partido Socialista Canario al colectivo de enseñantes que reivindican la homologación salarial y afirmó que «deben recuperar el poder adquisitivo perdido».

El diputado socialista acusó a la Consejería de ofrecer «un recital de soberbia, de arrogancia, prepotencia y desprecio por la gente» a la vez que utiliza el dinero público para «intoxicar y malinformar». Cada página de publicidad contratada por Luis Brito, dijo, «podría servir para cubrir ayudas básicas o atender menores inmigrantes». A su juicio, «este Gobierno, no tiene autoridad moral para lloriquear ante Madrid para quitarse de encima a los menores inmigrantes, cuyo mantenimiento cuesta al año 30.000 euros, lo mismo que malgasta en un solo día en una campaña infame contra un derecho fundamental y sin sustento legal». A este respecto, Aguilar recordó que esta actuación va contra la regulación legal de la publicidad institucional, que es el único marco en el que un Gobierno puede invertir dinero en los medios de comunicación.

Por su parte, el presidente del CCN, Ignacio González, cree que puede haber un «delito de malversación de caudal público en época preelectoral».

Los sindicatos reclaman el cese de la consejera

«Resulta del todo inaceptable que la Consejería de Educación se gaste cerca de 40.000 euros del dinero público, proveniente de los impuestos que aportan todos los ciudadanos (…) con el único objetivo de difamar a 25.000 docentes», así comienza el comunicado remitido por STEC en respuesta a la carta dirigida a los padres y madres por la consejera y publicada ayer en la prensa escrita.

Lejos de solucionar el conflicto, los docentes no universitarios, aseguran que esta acción es «inaceptable» en medio de un conflicto laboral abierto. Además los docentes aprovechan para desmentir «Es falso que la demanda de homologación retributiva suponga un coste para las arcas públicas de 460 millones de euros. El coste de homologación de los 25.000 profesores nunca supondría una cantidad superior a los 120 millones de euros», continúa en comunicado.

Aun así, los sindicatos no cierran la puerta a futuras negociaciones aunque reiteran que su petición «inequívoca de dimisión o cese de inmediato» de la actual consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Los sindicatos de Educación consideran que esta actitud «encona aún más sí cabe un conflicto que se debiera solucionar por la vía del diálogo y el acuerdo».