En apenas seis meses, el Gobierno ha trasladado más de 500 inmigrantes ilegales a Barcelona, procedentes de distintos puntos del sur de España. La medida no debe ser cuestionada si cada traslado está justificado en razones humanitarias o en una correcta redistribución de aquellas personas que tras un proceso administrativo, serán repatriadas a sus países de origen.

Otro asunto es lo que sucede cuando el flujo de inmigrantes que bajo el control y la potestad del Ejecutivo español llega a Cataluña sin los recursos adecuados para un internamiento con garantías, y esto es el caso. Cuando el flamante Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca registró una fuga de 36 personas, hace apenas dos semanas, se puso en evidencia que el sistema no está preparado para la contención de tantos inmigrantes.

Esta insuficiencia de recursos personales y materiales la ponen en evidencia las cifras y los hechos, y en cualquier caso debería llevar a la Administración a arbitrar otra forma de atajar el drama de la inmigración ilegal.