Roma. El Gobierno italiano ha aprobado un decreto ley urgente por el cual pueden expulsar del país a ciudadanos de la UE “por motivos de seguridad”. La medida, que afectaría sobre todo a ciudadanos rumanos, la mayoría de etnia gitana, ha sido criticada por las asociaciones de inmigrantes.

CEAR asegura que el decreto es “un cúmulo de despropósitos”. Para el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar, se trata de un decreto “insolidario, injusto e ilegal”. En su opinión, se trata de “un cúmulo de despropósitos” y una medida “absolutamente ilegal porque desde hace décadas las expulsiones colectivas en Europa están prohibidas”.

Según datos divulgados el miércoles por la Comisión Europea, el Estado español acoge a más de la mitad de los ciudadanos rumanos y búlgaros en edad de trabajar que residen en otros países de la Unión Europea. El Estado acoge a 463.000 de los 845.000 rumanos contabilizados en países comunitarios, así como a 78.000 de los 157.000 búlgaros. Italia acoge a 241.000 trabajadores de ese país.

Algunas fuentes insinuaron que “buena parte de esos gitanos rumanos amenazados de expulsión en Italia inician su éxodo a España”.

Al hilo de esta argumentación, Las autoridades estatales creen que las expulsiones de algunos inmigrantes rumanos en Italia por motivos de seguridad no tendrán efectos negativos en un aumento de la inmigración al Estado desde el país balcánico.

“No existe idea de que pueda haber un perjuicio para España”, afirmó el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

Camacho añadió que las autoridades estatales e italianas estudian desde hace semanas el reciente decreto ley italiano para expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) por motivos de seguridad, que se ha dirigido sobre todo hacia algunos rumanos. El responsable español, que asistió ayer a un Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, reconoció que hubo “preocupación” en Madrid al conocer los planes de Roma. Sin embargo, la preocupación desapareció tras recibir garantías de que las expulsiones serían puntuales, con garantías judiciales, y no masivas.

También recordó que el caso italiano no es único, ya que muchos países de la UE tienen legislaciones que prevén la expulsión de los ciudadanos comunitarios.