LAURA VILLENA. SERVICIO ESPECIAL. BRUSELAS. El Gobierno reconoció ayer, por boca del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que hace varias semanas, antes de que la crisis de los «rom» saltase a los titulares de prensa, el Gobierno español ya inició los contactos con Roma para evitar que las amenazas de expulsión se tradujesen en un traslado masivo a España por razones obvias de proximidad geográfica, vínculos familiares e idioma. Venía a reconocer Camacho, que el Gobierno estaba «preocupado» por este éxodo masivo de ciudadanos comunitarios que, en virtud de los derechos adquiridos, pueden circular libremente por toda la UE.

De acuerdo con los contactos mantenidos con las autoridades de Roma, Camacho aseguró que la decisión de Italia no tendrá por el momento «efecto negativo» en España.

Pasados varios días desde el inicio de la crisis, Camacho afirmó que el Gobierno ya se ha «relajado» tras conocer los detalles del decreto, en el que no se prevé ninguna expulsión masiva sino que serán individuales y estarán sometidas a control judicial. Además, tranquiliza el hecho de que Italia contemple la repatriación a Rumanía de los afectados.

La sensación de alivio se ve alimentada, además – según el secretario de Estado – por el hecho de que la sombra de la Comisión Europea planea sobre cualquier decisión que tenga que ver con la expulsión de ciudadanos comunitarios. La UE no permite a los Estados miembros la expulsión masiva de ciudadanos con pasaporte comunitario, algo que se ha visto obligada a recordar a Prodi en los últimos días, y sólo la justifica en caso individuales y por razones de seguridad. En cualquier caso, cabe recordar que la expulsión de un solo individuo supone la movilización de todo un clan.

Para el secretario de Estado la ejecución de la ley italiana no plantea «prejuicios» a la política de control de la inmigración nacional y recordó que, según la ley de Extranjería, España también podría ordenar la repatriación de ciudadanos comunitarios por razones de «seguridad nacional».

Ampliación de Schengen

La crisis desatada en Italia coincide con la ampliación del «espacio Schengen», que pasará a estar integrada el próximo 21 de diciembre por 24 países – frente a los 15 actuales – por lo que los ciudadanos comunitarios podrán circular libremente. Las fronteras terrestres, marítimas y aéreas desaparecerán para Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta. Rumanía tendrá que esperar 2 años.