La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, recordó que el asentamiento era «ilegal», e insistió en que el Gobierno central trabaja por los derechos de los inmigrantes, para que vengan a trabajar de forma regular. Anunció que el lunes se celebrará una reunión en la Delegación del Gobierno en Badajoz, entre empresarios, sindicatos agrarios y administración para coordinar la campaña agrícola de 2008 y conocer las necesidades de mano de obra exterior.

Pereira calificó de «problema complejo» las condiciones laborales y familiares que atraviesan estas personas.