La cumbre de países iberoamericanos propone garantizar los derechos de los migrantes

Diario de noticias de Gipuzkoa, 09-11-2007

santiago de chile. Los ministros de Asuntos Exteriores que participan desde ayer en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realiza en Santiago de Chile propondrán a los mandatarios suscribir una carta para garantizar el fortalecimiento de los derechos de los migrantes.

Así lo anunció el canciller chileno Alejandro Foxley, quien se reunió con la prensa para dar cuenta de la primera jornada de trabajo de los ministros de Exteriores, quienes deberán elaborar las bases del documento final cuya firma cerrará la cumbre. “La migración es un tema que llegó para quedarse. Los flujos migratorios serán mayores debido a la desigualdad que se vive en América Latina. Por ello queremos lograr un mayor respeto al esfuerzo de quienes migran y no sólo trabajan para sus familias, sino para el engrandecimiento de aquellos países que los reciben”, dijo Foxley.

El canciller anunció que, entre los acuerdos suscritos por los jefes diplomáticos, además de la mencionada carta, se cuentan el ya anunciado acuerdo de seguridad social que permitirá que cualquier ciudadano de Iberoamérica lleve desde o hacia su país de origen o al que desea emigrar sus ahorros previsionales para jubilar y que pueda hacerlo en la nación que desee.

El ministro añadió que el tema de la próxima Cumbre Iberoamericana, que se realizará en El Salvador, serán los jóvenes de América Latina y la necesidad de abrir espacios para darles oportunidades y mejores condiciones de vida y participación.

trabajo Foxley dijo que entre un 20 y un 30% de los 150 millones de jóvenes de la región están cursando los últimos años o ya han terminado la secundaria y que, por ello, se enfrentarán a “un paréntesis prolongado, sin empleo y sin acceso a la educación superior”, a lo cual atribuyó los altos niveles de violencia detectados en el último tiempo. En este sentido, dijo que el objetivo será estudiar medidas concretas para que, en corto plazo, los países de América Latina puedan incluir a los jóvenes en puestos laborales dignos o insertarlos en el sistema educativo superior, como las universidades. Asimismo, se crearán organizaciones de voluntariado para que los jóvenes puedan participar directamente de la aplicación de políticas públicas.

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