El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, admitió ayer que el Gobierno se ha «preocupado» por la posibilidad de que los ciudadanos rumanos amenazados de expulsión por Italia se trasladen de manera masiva a España. Reconoció que, a fin de evitar esta posibilidad, el Ministerio del Interior «lleva semanas manteniendo conversaciones con las autoridades italianas», incluso de manera directa, recientemente, en una reunión que tuvo lugar en Varsovia entre el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo italiano, Giuliano Amato.

Pese a ello, Camacho insistió en que, aunque en un principio existió preocupación en el Gobierno, en estos momentos «no parece existir ningún perjuicio que pueda producirse a nuestra política de control de la inmigración por la ejecución de esa ley italiana».

«En un primer instante existió preocupación en el Gobierno por el decreto italiano», explicó el secretario de Estado momentos antes de comenzar el Consejo Europeo de Interior celebrado en Bruselas, «pero esta preocupación se relajó al conocer el contenido concreto de la norma».

De hecho, ésta va a ablandarse, de tal forma que las expulsiones de inmigrantes comunitarios por motivos de peligrosidad social sólo podrán llevarse a cabo si existen graves motivos. Las deportaciones ordenadas por los responsables de la Policía serán posteriormente revisadas por un juez, lo que supone una mayor garantía de que los derechos del ciudadano comunitario. Y el artículo que daba pie a las expulsiones en masa será corregido a fin de evitarlas explícitamente, informa desde Roma Irene Hernández Velasco.

Control judicial

Según Camacho, las conversaciones con las autoridades italianas han servido para «convencer» al Gobierno español de que «no se harán expulsiones masivas, sino individuales y sometidas al control judicial, además de recibir la garantía de que los expulsados lo serán siempre hacia territorio rumano».

El Gobierno italiano ha aprobado un decreto que posibilita la expulsión con carácter urgente de ciudadanos comunitarios como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer por un rumano, además de otros delitos que se atribuyen a personas de esta nacionalidad. Camacho descartó que el Gobierno español se haya planteado en algún momento la creación de un decreto legal que permita una actuación similar a la italiana en materia migratoria.

Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, advirtió del peligro de caer en la «criminalización» de un colectivo social a causa de algunos actos individuales. En la misma línea habló el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Ignacio Díaz de Aguilar, al considerar que «está por ver» que los inmigrantes rumanos «vayan a venir a España» y pedir que no se cree «alarma social».