Ve positivo que se detenga a quienes engañan a inmigrantes, aunque reclama que no se actúe contra los afectados

vitoria. El representante de SOS Racismo en Álava, Fede García, valoró ayer positivamente la detención en Vitoria esta semana de un empresario y de un abogado, ambos vecinos de Gasteiz, acusados de cobrar ilegalmente dinero a ciudadanos extranjeros por formalizar contratos de trabajo. No obstante, García lamentó la “doble moral” que subyace en la ley y la discriminación que sufren las víctimas de este tipo de casos que, además de ser víctimas de un robo, acaban siendo protagonistas de un expediente de expulsión del país. Por esta razón, reclamó la modificación de la actual normativa.

El portavoz de la agrupación que trabaja en Álava en contra de los comportamientos xenófobos y racistas explicó que cuando un ciudadano “estatal” sufre una situación injusta en su puesto de trabajo, la legislación lo apoya y que si, por ejemplo, no ha sido dado de alta en la Seguridad Social, la empresa sufre una fuerte multa y es obligada a contratarle con carácter indefinido “a fin de que se respeten todos sus derechos y no sufra perjuicio”.

En el caso de los trabajadores extranjeros que caen en manos de personas como los dos detenidos, que les cobraban entre 4.800 y 6.000 euros por, presuntamente, regularizar sus papeles de trabajo, los afectados pierden, en primer lugar, “una cantidad muy importante de dinero que les ha llevado mucho tiempo reunir y que, en la mayoría de los casos constituye todo su patrimonio”. Además, según criticó García, la ley “no sólo no les ampara ni les garantiza un puesto de trabajo sino que pone en marcha un mecanismo para expulsarles del país”, procedimiento que calificó de “discriminatorio” e “injusto”.

Aunque aplaudió la labor de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior del País Vasco, cuya investigación posibilitó el arresto de los dos inculpados, García abogó por un cambio de la normativa para ofrecer “las mismas garantías ante la ley para todos”. Este organismo, dependiente de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, inició en julio una investigación tras tener conocimiento de que J.G.D.A., empresario de 52 años, contrataba extranjeros sin papeles para trabajar por cuenta a cambio de la entrega de importantes sumas de dinero. El arrestado, que trabajaba en colaboración con el abogado J.P.A.P., cobraba este dinero para, supuestamente, regularizar su situación.