Los trabajadores inmigrantes suponen el 11% de los empleados afiliados a la Seguridad Social que hay en la Comunidad foral, según se hizo público ayer en el VII Congreso de Economía de Navarra. El congreso se desarrolla en el Baluarte de Pamplona bajo el lema Inmigración y Economía, y fue abierto ayer por el consejero Alberto Catalán, para quien, sin los inmigrantes, que representan el 9,2% de la población navarra, «la comunidad no podía haber alcanzado sus cotas de crecimiento». El congreso contó ayer con la participación de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien defendió que «hoy se repatría más que nunca, incluso a países a los que nunca se había hecho».
El consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, fue el encargado de declarar inaugurada la séptima edición del congreso, organizado por el Ejecutivo foral y que hoy finaliza. Catalán, que detalló que el 11% de los trabajadores navarros inscritos en la Seguridad Social es extranjero, al igual que el 9,2% de la población, presentó la actividad como un congreso «para el intercambio de ideas y experiencias, una oportunidad para acercarse a las nuevas realidades derivadas del fenómeno de la inmigración, protagonizado por los nuevos navarros que llegan en busca de oportunidades». El consejero manifestó que «los nuevos navarros deben sentirse protagonistas de la sociedad que les ha acogido», para después destacar que un 20% de los nacidos en la Comunidad foral pertenecen a padres naturales de otras partes del mundo.

Tras Catalán, y después también de que Cernin Martínez Yoldi, director general de Política y Promoción Económica del departamento foral de Economía y Hacienda le introdujese, fue el turno de Consuelo Rumí, que ofreció la conferencia Inmigración y políticas públicas. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración explicó que la desigualdad es el principal factor que obliga a una persona a marcharse de su país de origen en busca de otro mejor, y que el factor vecinal, refiriéndose a África y España, «es clave para elegir nuevos destinos». «Vivimos en el inicio de una escalada de las migraciones mundiales y es un fenómeno que va a marcar el desarrollo de nuestras sociedades en las próximas décadas», añadió.

Políticas «integrales»

En opinión de Rumí, las políticas de inmigración deben ser «integrales». La secretaria de Estado, quien durante su conferencia dedicó muy puntuales y veladas críticas al PP, como cuando señaló que antes de que Zapatero llegase al poder «había política de extranjería, no de inmigración», expuso que el actual Ejecutivo central se esfuerza en tres vías: el refuerzo en la lucha contra la inmigración clandestina, la contratación en origen y la promoción de estrategias de integración.

«Hemos llevado a cabo una reforma completa del sistema de migración legal», declaró. «Gracias a la contratación de origen, en 2006 se produjeron más de 200.000 accesos a nuestro mercado de trabajo, y en lo que va de año ya hemos superado esta cifra».

La responsable de inmigración y emigración en España afirmó que, actualmente, el país cuenta con más de 2 millones de extranjeros adscritos a la Seguridad Social, y que una política de inmigración debe contar con una serie de recursos que garantice la igualdad de todos. «De ahí el Plan de Ciudadanía e Integración, con una financiación de 2.000 millones de euros, ya que, sin fondos, las políticas sólo son de escaparate. Y de eso ya ha habido experiencias anteriores (en otra referencia al PP)», dijo.

Más legales que ilegales

La conferencia inaugural se cerró con un coloquio en el que Consuelo Rumí explicó que el gobierno español está de acuerdo con la tarjeta azul (normativa que se prevé para regular la llegada de trabajadores foráneos altamente cualificados a la Unión Europea), «aunque con matices». «Los países son los que deben decidir el cupo de trabajadores cualificados que necesitan, de acuerdo a su mercado laboral», indicó. Por otro lado, ensalzó la contratación en origen como la «piedra angular» del gobierno Zapatero contra la inmigración ilegal. «Por primera vez en España, el año pasado vinieron más trabajadores inmigrantes legales que ilegales», aseguró.